Septiembre Negro

Este septiembre quedará marcado como un mes negro en la historia reciente del Uruguay. Tres hechos excepcionales y gravísimos lo resumen. Primero, éste será el mes más sangriento que haya conocido nuestro país: 46 homicidios en 30 días, algo inédito desde que existen registros oficiales en 2012. Este récord sangriento expone el fracaso de la gestión de seguridad del gobierno del Frente Amplio.

El segundo hecho inusual fue el tiroteo en la puerta del COMCAR el miércoles 24 de septiembre. Como lo reconoció su propia directora, Ana Juanche, jamás había ocurrido un episodio de esa magnitud en el principal centro carcelario del país. Un hecho sin precedentes.

Y el tercer golpe fue el más duro: el domingo 28 de septiembre amanecimos con el atentado contra la Fiscal General de la Nación en su propio domicilio. Desde la vuelta a la democracia no habíamos visto un ataque institucional de esta envergadura. Golpear a la Fiscalía General es golpear el corazón del sistema de justicia, porque son los fiscales quienes llevan adelante la investigación penal. El mensaje del agresor no fue solo contra Mónica Ferrero, figura clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino contra todos los fiscales del país.

Frente a un hecho de semejante gravedad, lo que vimos del Ministerio del Interior fue una reacción equivocada. En la conferencia de prensa, el ministro Carlos Negro intentó minimizar lo sucedido. Se refirió a Ferrero como “fiscal de estupefacientes”, cuando en realidad es la Fiscal General de la Nación. Luego habló de que esto podría estar vinculado a una operación de 2.000 kilos de droga incautados hace dos meses. Primero, hasta este momento, no hay ningún elemento que indique que eso sea así. Y, además, esa operación ni siquiera nació en este período: se gestó en el anterior, dentro de una serie de tres grandes golpes al narcotráfico. El Operativo Faro, el 20 de septiembre de 2024, con 692 kilos de cocaína incautados en Ciudad del Plata. El Operativo Libia, el 2 de noviembre del mismo año, con 918 kilos más. Y el Operativo Agua Marina Penélope, el 15 de noviembre del mismo año, con 1.100 kilos de pasta base. Ninguno de esos golpes derivó en atentados contra la Fiscalía ni contra el Ministerio del Interior. Entonces, si la teoría es que el atentado fue por un cargamento incautado, la pregunta es obvia: ¿por qué recién ahora?

Estas cosas no pasan porque sí. Las señales importan, y acá se han venido dando señales equivocadas, tanto desde el gobierno como desde el Ministerio del Interior, que han debilitado el poder represivo del Estado. Vamos a enumerar algunas de ellas.

Todo comenzó con un ministro diciendo que “la lucha contra el narcotráfico está perdida”, un mensaje demoledor que empodera a los delincuentes. Luego agregó que “no hay maras de milagro”, frase casi insultante hacia el trabajo policial. Desde que comenzó la gestión actual no se ha hecho más que hablar de “desprisionalizar” una y otra vez, lo que para muchos delincuentes significa la promesa de beneficios o penas más suaves. Todo esto erosiona el aparato punitivo del Estado. Desde el gobierno se insiste en que aumentar penas no es el camino, y se repite una y otra vez la intención de derogar la LUC. Parece necesario recordar que la LUC fue una ley no solo aprobada por el Parlamento, sino ratificada por la ciudadanía en un referéndum. La gente entendió que era una norma que empoderaba a la policía y la respaldó. Sin embargo, la amenaza permanente de derogarla vuelve a minar la moral de la fuerza. Un ejemplo claro del mensaje de quienes nos gobiernan fue la negativa a habilitar los allanamientos nocturnos, herramienta que la policía y sus sindicatos consideraban muy útil. El resultado fue darle al delincuente medio día libre para operar con ventaja.

Y finalmente, lo que vemos en las calles confirma esa realidad: poca o nula presencia policial, patrullajes escasos y barrios donde la policía ya no entra con autoridad. Los hechos son elocuentes: vimos festejos en cárceles con la llegada de este gobierno, vimos policías corridos a pedradas en algunos barrios al grito de “acá mandamos nosotros”. Eso demuestra que el aparato represivo del Estado se está deteriorando y que los delincuentes se sienten con la cancha libre.

A esto se suma la falta de liderazgo político, de rumbo, de mando y de gestión. El incumplimiento de medidas prometidas en campaña ha generado desconfianza y desmotivación dentro de la propia fuerza policial. La moral de quienes arriesgan la vida en la calle está golpeada. Hoy tenemos delincuentes empoderados frente a un Ministerio del Interior débil, reactivo y tardío.

Este “Septiembre Negro” que acaba de pasarnos por encima no puede quedar como una anécdota en la crónica de policiales de los informativos. Tiene que ser un punto de inflexión. Lo que está en juego no es solo la seguridad de los uruguayos frente al crimen organizado. Este Septiembre Negro no puede solo anticiparnos un Octubre Rojo y que no pase nada.