El gobierno de Venezuela proscribió en los hechos a los candidatos propuestos por el principal partido de oposición, la Plataforma Unitaria Democrática - PUD, al impedirles ser candidatos en las próximas elecciones presidenciales. Las proscripciones despertaron reacciones entre los gobiernos de la región.

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y nuestro país, declararon que la situación, “junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad.” Para estos países, las restricciones “impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela.”

La Cancillería colombiana informó que había sostenido “las gestiones necesarias a través de canales diplomáticos formales e informales para llamar a las partes en Venezuela -tanto al gobierno como a sectores de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y del movimiento Vente Venezuela- al cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, en cual Colombia ha fungido como observador y acompañante.” Para el gobierno de Gustavo Petro, las proscripciones, podrían “afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.”

Itamaraty, luego de señalar que “el gobierno brasileño acompaña con expectativa y preocupación el desarrollo del proceso electoral en aquel país”, opinó que, de acuerdo a las informaciones disponibles, se había impedido registrarse a la candidata propuesta por la Plataforma Unitaria, fuerza política de la oposición, y sobre la cual no existían decisiones judiciales. Algo que no era compatible con los acuerdos de Barbados. La reacción de la Cancillería venezolana fue típica: insultos a diestra y siniestra.

Pero concentró su artillería en el Brasil. Para empezar, repudió el “gris e injerencista comunicado, redactado por funcionarios de la cancillería brasileña, que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

Sin embargo, quizás, lo más interesante fue la afirmación de que “El gobierno venezolano ha mantenido una conducta fiel a los principios que rigen la diplomacia y las relaciones de amistad con Brasil, bajo ningún concepto emite, ni emitirá juicios de valor sobre los procesos políticos y judiciales que ocurren en ese país, en consecuencia, tiene la moral para exigir el más estricto respeto al principio de no injerencia en asuntos internos y a nuestra democracia, una de las más robustas de la región.”

El principio de no intervención no se aplica al caso de la protección de los Derechos Humanos. Además, en el caso particular, Venezuela se comprometió en el Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales, suscrito en Barbados, el 27 de octubre, a “Reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y promover un conjunto de garantías electorales para todos los actores en el proceso comicial presidencial.”

Algo que no está cumpliendo.