Montevideo “hub” portuario

El acuerdo sobre el Puerto de Montevideo lo alinea al porvenir.

El art. 1º de la ley 16.246 y su Dto. reglamentario Nº 412/92, matriz del orden portuario, dice: “La prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país. Toda entidad pública o privada actuante en lo relacionado con las diversas actividades portuarias deberá ajustar las prestaciones de sus servicios a la consecución de ese mandato legal”. Exige servicios portuarios especializados y más baratos. En Montevideo apunta a un “hub”, un centro logístico regional. El Frente Amplio se opuso a la ley y su gestión reciente ha violado al marco jurídico vigente.

Para redondear una referencia parcial, apelaremos a un desarrollo telegráfico:

1.- En 2001 el Estado remató públicamente una sociedad anónima de derecho privado -Terminal Cuenca del Plata S.A., (TCP)- cuyas acciones fueron adquiridas en un 80% por la empresa belga Katoen Natie y el otro 20% quedó en poder de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el Estado uruguayo.

2.- El objeto social era gestionar la única terminal especializada en contenedores existente. TCP hizo una voluminosa inversión (grúas pórtico, extensión de muelle, etc.) considerando la vigencia del art. 72 del Dto. 183/94. Que dice: “las operaciones de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin”. Agregando que si hay sobredemanda la ANP puede derivarla a muelles comunes como el que ocupa la empresa extranjera Montecon S.A. Ya que no hay monopolio.

3.- El Frente Amplio desde 2005 a marzo 2020, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ANP violó sistemáticamente el marco legal. Licitó en 2009, una segunda terminal especializada, con la inversión de TCP ya ejecutada. No se presentó nadie. A reglón seguido comenzó a derivar la carga de contendores a un muelle no especializado que le daba en arriendo a Montecon S.A., a bajísimo precio. TCP pasó de tener el 70% de la carga de contenedores al 35%, lo que le acarreó perjuicios graves. Y, Montecon creció a costa de ella pasando a tener el 65% de la carga.

Una consecuencia fue la perdida de la carga paraguaya que se fue para Buenos Aires por las demoras en puerto.

4.- Hay más irregularidades. Solo lo citado permite concluír que la demanda arbitral ante un tribunal internacional iniciada por TCP, por 1.500 millones de dólares, contra el Estado uruguayo, tenía posibilidades ciertas de ser ganada. Y, aún si fuese rebajada siempre sería un daño colosal para el país.

La administración que Preside el Dr. Luis Lacalle Pou (1º/03/20), ante el desastre recibido impulsó una negociación reservada encabezada por el catedrático y prosecretario de la Presidencia Dr. Rodrigo Ferres. Se llegó a un acuerdo tras un año de negociación. No tiene cláusulas secretas y puede consultarse en Internet. La reclamación de TCP fue clausurada. En su lugar hará una inversión de 455 millones de dólares en el actual período de gobierno.

En 2001 para una extensión de 220 mts. de muelle se acordó una concesión de 30 años. Ahora se exigen 700 mts. más de muelle, para recibir grandes contenedores que son realidad mundial. Justifican el plazo de 50 años más para amortizar la nueva inversión, posibilidad que ampara la legislación vigente.

Las realidades portuarias planetarias cambian. Un ejemplo ilustra. El 67% del legendario puerto de El Pireo, en Grecia, ha sido adquirido por la corporación china Cosco (BBC News, 15/10/21).