Res nullius

Res nullius” es un latinazgo usado en Derecho para aludir a un bien que no tiene dueño. Tal es la situación de nuestros 205.688 km 2 de espacio marítimo, ampliamente superior a los 176.215 km 2, de superficie terrestre. Son legalmente nuestros pero los regalamos a su uso y abuso a los intrusos que quieran circular por ellos y usarles como dueños.

Estamos aludiendo a la pesca ilegal con violación de la biodiversidad; al tráfico de personas o drogas sin capacidad de interdicción; a la intrusión de buques extranjeros sin vigilancia activa; y-abreviando- a la contaminación sin control por vertidos ilegales o accidentes no detectados.

Suena increíble -lujo de la miseria- la indecisión gubernativa de larga data registrada históricamente en la materia, hasta que el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, resuelve la compra de dos lanchas patrulleras, destinadas a marcar presencia militar-policial, en el aludido espacio marítimo. Tras un proceso de compra directa burocrático y agobiante, adjudicada la construcción de las naves al astillero español Cardama, ha explotado un escándalo mediático que daña a la imagen internacional del país. Y, que abre una incertidumbre sobre el desarrollo futuro del contrato, poniendo a la república en la antesala de litigios graves, con costos gravísimos y resultado incierto.

Formalmente, la complicación del procedimiento de compra se vio alterada por una conferencia pública de prensa, que encabezó el Presidente Orsi, acompañado por el secretario presidencial Alejandro Sánchez y el pro- secretario Dr. Jorge Díaz. El presidente en una brevísima exposición dijo que en el tema se habría producido una “estafa” y un “fraude” al país. En una posterior charla de prensa abierta, quedó claro que el jerarca no tenía la menor idea del significado de estas menciones. Lo de la estafa es inviable porque supone un provecho ilícito obtenido mediante el engaño a otra persona. No al Estado. Lo del fraude podría ser pertinente y supondría una suerte de acción tramposa para lucrar en el proceso de compra de las naves, que habría causado perjuicio económico al Estado. Claramente, atendiendo al desarrollo de las declaraciones citadas, el escándalo en curso fue impulsado por el Dr. Jorge Díaz. Y, antes que al interés nacional, a lo que apunta es a ensuciar la gestión del gobierno precedente que dispuso la compra de las lanchas y a algunos de sus integrantes.

Pensando en el bien común de los uruguayos antes que la piedra arrojada contra la claraboya, hubiese sido del caso analizar la situación entre todas las fuerzas políticas y hurgar en soluciones para la superación de los problemas de ser cierto que ellos existen. Y, tener un día cercano patrullas en nuestro mar.

El narcotráfico es una pesadilla mundial y nacional. Recientemente en el Parlamento la fiscal subrogante de Corte Mónica Ferrrero, dijo que Uruguay “está muy bien ubicado para el narcotráfico”, ya que está rodeado de agua, de puentes, de manera que es caldo de cultivo para que entren”. Agregando que “es el agua salada que tenemos acá enfrente la que “están utilizando los narcos -con corrupción también, lo que hay que atacar- para sacar grandes cargamentos”.

La expresión de una autoridad que tiene contacto directo con las peores expresiones del crimen organizado, debería iluminar a quienes solo se mueven por mezquindades proselitistas.