Después de un largo proceso de discusión iniciado hace 5 años, Uruguay da un paso muy importante para mejorar su sistema de seguridad social.

Una parte importante del déficit fiscal del Uruguay se debe al gasto en seguridad social, porque no alcanzan los aportes personales y patronales para pagar los compromisos. Y no hay espacio para aumentar aportes porque ya se encuentran en valores bastante elevados.

“Sin reforma de la seguridad social habrá serios problemas” decía en estas páginas a fines de 2017 Danilo Astori, en aquel momento ministro de Economía. La necesidad de la reforma aparece a texto expreso en la Ley de Rendición de Cuentas 2017 del gobierno de Tabaré Vázquez, pero no se pudo avanzar al respecto.

El actual gobierno asume el desafío y en 2020 conforma una Comisión de Expertos en Seguridad Social con representantes de todos los partidos y organizaciones involucradas. En marzo de 2021, la CESS divulgó un documento con el diagnóstico de la situación y en noviembre otro con las recomendaciones sugeridas.

En mayo de este año, el presidente reunió a los legisladores del oficialismo y les explicó la importancia de apoyar la reforma; aclaró que no hay que calcular costos políticos sino pensar en beneficios para el país. Finalmente, el viernes pasado el Ejecutivo ingresó al Parlamento el proyecto de reforma de la seguridad social.

La coalición de gobierno propone crear un “Sistema Previsional Común” que incluye a todas las entidades previsionales: Banco de Previsión Social (BPS), Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja Notarial de Seguridad Social, y Caja de Profesionales Universitarios.

Se busca así que todos los trabajadores del país pertenezcan a un único sistema previsional integrado por cuatro pilares fundamentales. Un pilar inicial para garantizar niveles mínimos de protección social a toda la población, un pilar de prestación definida y con financiamiento por reparto (el sistema tradicional del BPS), un pilar de ahorro individual obligatorio, y un pilar de ahorro previsional voluntario para complementar los montos jubilatorios. Para sostener los últimos dos pilares del sistema es clave el buen funcionamiento de las AFAP, por lo que se establecen normas con la intención de potenciarlas.

Se propone que la edad jubilatoria suba gradualmente con el aumento en la esperanza de vida y se plantean incentivos para que sea rentable seguir trabajando. Según cálculos del gobierno, dentro de 20 años (cuando la reforma estaría plenamente vigente), se podría pagar jubilaciones como las actuales, que, en promedio, son de un monto cercano a la mitad de los ingresos previos. A su vez, el proyecto logra estabilizar el déficit fiscal del sistema, que sin reforma es creciente e insostenible.

La reforma propuesta no afecta a los jubilados actuales. Además, los plazos de aplicación son lo suficientemente largos como para no afectar las trayectorias laborales de las personas que puedan estar pensando en su jubilación futura. El proyecto de reforma no será el ideal, pero sí es el políticamente viable. Es el resultado de un trabajo serio de un amplio grupo de profesionales comprometidos con el país. Es una reforma a la uruguaya en el mejor sentido de la palabra. Es un gran avance.