Olvidar lo aprendido

En estos días, la discusión sobre la repetición escolar ha vuelto -parcialmente- al centro del debate público, con declaraciones en La Diaria del actual director general de Secundaria, Manuel Oroño. Sostiene que “la repetición no es pedagógica ni saludable”, pero también que anunciar que no habrá repetición “tampoco es una señal adecuada”. Esta afirmación, que intenta posicionarse como un equilibrio entre dos extremos, termina revelando más una falta de dirección que una síntesis pedagógica.

La frase resume una paradoja que ha empezado a caracterizar a esta nueva etapa en la educación: mucho discurso y pocas definiciones. ¿Qué propone concretamente esta nueva conducción? ¿Cómo abordará las trayectorias interrumpidas, el rezago y la deserción? ¿Cuál será la política efectiva frente a la repetición escolar? Las respuestas parecen más retóricas que reales.

Durante el gobierno de Lacalle Pou propusimos y ejecutamos una transformación profunda del sistema. La Educación Básica Integrada (EBI), aprobada por ANEP en 2023, no fue un cambio cosmético. Fue una redefinición de fondo del ciclo básico, que apostó a una educación continua, coherente y exigente de primaria y media básica con un enfoque por competencias, trabajo interdisciplinario y evaluación formativa.

Y sí, también enfrentamos el problema de la repetición. Pero no lo hicimos desde una consigna ideológica, sino desde la pedagogía. En lugar de decretar que “nadie repite”, creamos condiciones reales para que no hiciera falta repetir: estrategias de acompañamiento permanente, tutorías, diagnósticos periódicos, seguimiento de trayectorias, fortalecimiento de equipos docentes y énfasis en la formación continua. No fue magia, sino planificación y convicción.

Por eso resulta llamativo -y a la vez preocupante- que el nuevo director general de Secundaria hable hoy de “lógicas de tutorías” y “alertas tempranas” como si fueran novedades. El acompañamiento personalizado ya formaba parte del diseño de la EBI. Las alertas estaban integradas al sistema de gestión educativa. Lo que no estaba era esta tendencia a desconocer lo que se hizo antes, como si cada cambio de administración implicara empezar desde cero.

El problema de fondo es que esta visión fragmentada no solo perjudica la memoria institucional, sino que afecta la credibilidad del sistema. Mientras se repite que “la situación es compleja”, no hay una hoja de ruta. ¿Qué políticas concretas se aplicarán? ¿Qué lugar tendrá la EBI en este nuevo ciclo? ¿Se mantendrán sus programas y estructuras? ¿O se las irá diluyendo lentamente, sin reconocer ni evaluar su impacto?

Desde la oposición, no podemos dejar pasar este tipo de ambigüedad. No porque tengamos nostalgia de gestión, sino porque sabemos lo que costó transformar el sistema y cuánto se juega en cada decisión que se toma -o se deja de tomar- en educación. Y en ese sentido, preocupa también la narrativa que comienza a construirse.

Oroño, al asumir en abril, dijo a El País que su objetivo sería “darle voz a los docentes para mejorar la enseñanza”. La frase suena bien, pero también deja entrever una visión corporativa de la política educativa. Porque si bien es fundamental escuchar a los docentes, la educación pública no puede definirse solo desde una mirada gremial. Debe responder a un interés colectivo más amplio, donde también estén las familias, los estudiantes, la comunidad y el país todo.

Entonces surge otra dimensión clave: Oroño no es un técnico recién llegado, sino un dirigente sindical histórico de Fenapes, una federación que en la pasada administración tuvo una actitud abiertamente hostil a cualquier intento de reforma, incluso a los más dialogados. Basta recordar sus declaraciones en 2015, cuando gobernaba su fuerza política, donde con tono mucho más moderado afirmaba para En Perspectiva que “el acuerdo salarial es un avance”, aunque algunos docentes lo consideraran insuficiente. El contraste de posturas no puede pasar desapercibido. No es solo una cuestión de formas: es un doble estándar que erosiona la credibilidad del debate educativo.

No necesitamos una voz que repita consignas heredadas del sindicalismo combativo, sino una conducción que valore los avances y los potencie. La política educativa debe construirse con responsabilidad histórica, no con revancha ideológica. Hoy, desde el nuevo oficialismo, se corre el riesgo de confundir prudencia con inmovilidad, y escucha con parálisis. La falta de definiciones concretas, la repetición de conceptos ya transitados y la omisión de logros recientes hablan de un sistema que pierde foco. La educación requiere continuidad, no volantazos. Y, sobre todo, necesita convicción, liderazgo y visión estratégica.

Desde la oposición, defenderemos las reformas que iniciamos, no por orgullo, sino porque fueron pensadas con seriedad. La educación no puede ser rehén de discursos sin rumbo. Ni de gestos que buscan simpatía, pero no ofrecen soluciones. La educación exige decisiones y también memoria. Si hay algo que no podemos repetir, es el error de olvidar lo que ya aprendimos.