Manuel Oribe y la esclavitud

Dentro de pocos días comienzan las Llamadas y con ellas una "movida" de los afrodescendientes del Uruguay. Un país donde el 10% de la población corresponde a esta vertiente de ricos aportes culturales. El momento es oportuno para recordar cuándo se abolió la esclavitud.

Ya en 1812 el Cabildo montevideano solicitó al gobierno la abolición "del comercio de negros de nuestros puertos". Y que "después de promulgado el decreto todos los esclavos que de la costa de África toquen a nuestras playas, sean libres y de cargo del estado darles destino útil". Asimismo: "Que se impongan los más severos castigos a cualquiera de nuestros ciudadanos que directa o indirectamente fomente aquel comercio". El gobierno emitió un decreto en dicho sentido. Pero la disposición no tuvo aplicación práctica en esta región por encontrarse Montevideo bajo el poder español.

El 2 de febrero de 1813 la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata votó la ley de libertad de vientres (promulgada en Montevideo al año siguiente, durante la ocupación de la plaza por las fuerzas patriotas). Asimismo poco después de la declaratoria de la independencia, la Sala de la Florida prohibió absolutamente las importaciones de esclavos, ratificando que los hijos de los esclavos nacerían libres desde ese momento.

Es evidente que se iba hacia la desaparición de un régimen detestable, pero ello se hacía en forma gradual aunque con hitos como el del 7 de setiembre de 1825, cundo la Junta de Representantes de la Provincia Oriental, reunida en la Florida, comunicó al Gobierno Provisorio que quedaba "prohibido el tráfico de esclavos de país extranjero". Esto quedó ratificado posteriormente en la Constitución de la República: "Queda para siempre prohibido su tráfico e introducción en la República". Hubo quienes persistieron en el tráfico esclavista so pretexto de que cuando se dictó la ley, Montevideo y Colonia estaban bajo la jurisdicción brasileña.

Fue por esto necesario que la Asamblea Constituyente dictara una ley extendiendo a todos y cada uno de los puntos del territorio nacional, las disposiciones de 1825.

Tampoco así cesó el tráfico de negros. En 1835 el gobierno de Oribe debió emitir un decreto imponiendo que en las patentes de navegación debía ponerse una cláusula prohibiendo el tráfico de negros, ya fueran "esclavos" o "colonos". Este decreto tuvo que ser complementado con nuevas normas. Sin embargo, había una fuerte reacción contra los abusos habidos durante la legislatura de Rivera respecto del cumplimiento de las restricciones para el tráfico de esclavos. El 13 de julio de 1839 el gobierno de la República celebró un tratado con Gran Bretaña para la supresión del tráfico de esclavos. Además, los negros que sirvieron en el ejército en ocasión de la Guerra Grande, fueron declarados libres.

Pero la verdad era que en realidad, las ventas de esclavos continuaban. Se anunciaban en la prensa capitalina y un diario denunció en su editorial (1846) la reanudación del tráfico de niños de color. Por todo esto hay que reconocerle al presidente Manuel Oribe su persistencia en procura del reconocimiento de los derechos humanos de los esclavos, habiendo sido un golpe decisivo a la esclavitud su declaración de 1846 de que la misma quedaba abolida, siendo por cuenta del país el valor de los liberados. Sin duda, algo para recordar.

Hay que reconocerle a Oribe su persistencia en reconocer los derechos de los esclavos.