A esta altura del partido ya hemos tenido la mala suerte de ser demasiadas veces testigos de la fértil imaginación de los déspotas y tiranuelos cuando se trata de eliminar a sus actuales o potenciales opositores.

Es un arte muy antiguo. Sin embargo, en Nicaragua, la proximidad de las elecciones generales de noviembre ha exacerbado la imaginación del tirano que gobierna ese país, y de quienes lo rodean, a nuevas alturas.

El régimen ha conseguido el récord de encarcelar con diferentes pretextos a cinco ciudadanos que han expresado su intención de presentarse como precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y, ahora, el periodista Miguel Mora. En varios de estos casos se utilizó como excusa una así llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”. Un perfecto ejemplo de “newspeak” orwelliano.

Pero, los hechos son los hechos.

El 22 de junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pintó un paisaje desolador. “Desde hace más de tres años, dijo, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua.

Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de haber sido superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante.” La crisis es el resultado deliberado de la acción de la dictadura que domina ese país (dejémonos de matices hipócritas y eufemismos como “gobierno autoritario” y llamemos las cosas por su nombre) y que, temerosa de la voluntad popular, hostiga y persigue los opositores.

El informe de la Alta Comisionada es claro: “la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición: cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

El gobierno de Ortega, sigue el informe, disolvió “la personalidad jurídica de dos partidos políticos sin que fueran oídos sus representantes. Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

La Policía Nacional emprende “detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento”, lo que apunta a “la represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacio públicos, violando así su libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica”. Se llegó, dice el informe, “a impedir que familiares pudieran conmemorar el tercer aniversario de la muerte de sus seres queridos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA produjo un informe similar. Las acciones y las declaraciones del régimen en Nicaragua nos recuerdan la insuperable definición en un tango inmortal: “maldad insolente”.

Ya no hay quien lo niegue…