Los problemas y el Estado

La estabilidad institucional siendo necesaria, dejó de ser suficiente para garantizar desarrollo. ¿El Estado uruguayo está organizado para resolver los problemas que efectivamente enfrenta hoy el país? No todo está mal, pero gran parte es disfuncional. Y no por falta de capacidad técnica ni de diagnósticos, sino por un desajuste entre la naturaleza de los problemas actuales y la arquitectura institucional con la que intentamos abordarlos.

Gran parte del Estado uruguayo sigue organizado en función de problemas del pasado. Sectores productivos relativamente estables, trayectorias laborales largas, riesgos sociales conocidos, territorios más homogéneos y cadenas de decisión que podían pensarse desde un centro relativamente único. Ese mundo ya no existe.

Hoy el trabajo se fragmenta, las trayectorias laborales son discontinuas, la innovación tecnológica redefine actividades completas en poco tiempo y las nuevas formas de exclusión social se concentran territorialmente. Se percibe una fractura territorial: por un lado un espacio metropolitano heterogéneo con una institucionalidad que presupone homogeneidad; por otro, territorios escasamente poblados con fragilidades locales y procesos de exclusión sin respuestas suficientes.

Hay decisiones que deberían tomarse cerca del territorio y que hoy se definen lejos; responsabilidades que se ejecutan localmente se financian centralmente; políticas que requieren coordinación multinivel dependen de acuerdos informales y liderazgos personales. Es un problema de diseño.

¿Qué efectos produce? Una rendición de cuenta inocua. Los ciudadanos no saben bien quién decide ni quién responde por los resultados. Cuando algo falla, siempre hay otro nivel de gobierno al que señalar. Ahí vamos luego a discusiones inconducentes: más Estado o menos Estado, centralización o descentralización, público o privado.

La pregunta no es cuántos niveles de gobierno hay, sino cómo se alinean competencias, recursos y responsabilidades y decidir qué nivel puede gestionar mejor cada función. No es promover participación como gesto democrático, sino asegurar que esa participación tenga consecuencias reales sobre decisiones y presupuestos. La participación es meramente consultiva, pierde legitimidad en lugar de fortalecerla. Cuando la autonomía política no viene acompañada de autonomía fiscal se generan incentivos perversos.

Enfrentamos una crisis de correspondencia entre la escala de los problemas y la escala de decisión. Persistir en este desajuste no genera colapsos abruptos sino problemas acumulativos: soluciones parciales, inversiones subóptimas, altos costos de coordinación y un desgaste progresivo de la confianza ciudadana.

Parte de la salida pasa por emparejar esas escalas. Decidir qué problemas deben resolverse a nivel nacional, cuáles requieren capacidad territorial y cuáles deberían involucrar directamente a los ciudadanos afectados por esas decisiones. Hay que tomar en cuenta los cambios: baja confianza en actores políticos y tecnología que permite acceso a la infomración pública e incidir sobre las decisiones.

Hay que rediseñar la estabilidad antes de que se nos pierda. Devolverle sentido. Porque cuando los problemas cambian y el Estado no, la estabilidad deja de ser un activo y empieza silenciosamiente a convertirse en un límite.