La libertad de prensa y la ranita

Pocas cosas aburren más al autor de estas líneas que el corporativismo victimista que a veces ataca a los periodistas. Esa cosa medio de torre de marfil sensibloide, donde cualquier roce con el poder (en cualquiera de sus variantes) desata un mar de lágrimas y reclamos. Pero, hay algo preocupante que está pasando en Uruguay, y que merece una reflexión.

Todo comenzó hace unas semanas con un artículo del periodista de este diario Sebastián Cabrera, quien publicó una investigación sobre una ONG que supuestamente “rescata” fauna marina en Punta Colorada. La misma cobró mucha notoriedad tras la aparición de un elefante marino que dio a luz en la costa, y desató el furor típico de estos tiempos de gente cuyo mayor contacto con la naturaleza son videos de Tik Tok.

La nota, muy seria y profesional, como suele ser Sebastián, contaba todo lo bueno, pero también otras cosas menos edificantes. El usufructo irregular de espacios públicos, el manejo de animales sin respetar reglas básicas, incluso algún antecedente más complejo de lucro con los mismos animales. A ver... nada grave ni escandaloso, aunque sí pinchaba un poco el globo generado sobre una especie de Jacques Cousteau arrabalero.

El tema es que a las pocas semanas, el periodista empezó a recibir llamadas de que tenía una denuncia y debía presentarse en Piriápolis. Se negó, y días después recibió la visita de tres policías en la redacción del diario, y debió ir a declarar a la comisaría varias horas de plantón. Sebastián escribió una divertida crónica del hecho, que recomendamos vivamente.

Ahora bien, el problema serio es otro. Claramente, acá lo que hubo fue que algún policía amigote del objeto del reportaje, pretendió dar una especie de lección, generar al periodista una incomodidad, cosa que vea que no sirve meterse con esas cosas. Eso sí es algo grave, porque es un desvío de autoridad inaceptable. Más inaceptable fue que nadie de las jerarquías del gobierno o el ministerio haya salido a decir que todo había sido un error folclórico, que no volvería a pasar.

Peor aun. Esta semana, el Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, en una entrevista con Sarandí dijo que eso era parte de las potestades de su fuerza, y que en el fondo, todo había sido como una especie de favor para que el periodista no tuviera que ir a Piriápolis. Lo que no entiende Azambuya es que el periodista no tiene que ir nada a Piriápolis porque a un agente se le haya ocurrido.

Vamos a explicar un poco cómo funciona el tema. Un periodista ejerce la libertad de prensa, porque la ley entiende que es un beneficio para toda la sociedad la libre circulación de información. No es un privilegio monárquico. Y como todo, esa libertad tiene límites: el periodista puede recibir un reclamo de derecho de respuesta, o una denuncia por difamación o injurias. También podría ser objeto de una demanda por daños y perjuicios, pero eso sería en un juzgado civil.

Tanto el derecho de respuesta como la difamación sólo operan a denuncia de parte, o sea que el comisario no puede leer una nota, y decidir investigar si hay un delito. Y si alguien presenta una denuncia, esta debe ser tramitada por la Fiscalía.

Pero además, el periodista habla por su trabajo. Lo que sabe, lo escribe y lo publica. ¿Qué busca saber un comisario que lleva a declarar al autor de la nota? ¿Que revele su fuente? Porque eso es ilegal.

Nada de lo que hizo la policía en este caso tiene pies ni cabeza, No hay justificación ni en la LUC, ni en la competencia policial, ni en nada. Esto fue un simple “aprete”, para que un periodista se lo piense dos veces la próxima vez que se quiera meter con el amigo de un comisario.

Y lo más grave es que ninguna figura relevante del gobierno se haya preocupado por el asunto, y que nada menos que el director de la Policía Nacional diga que estuvo todo fenómeno.

Como decíamos al principio, no somos amigos del corporativismo ni del victimismo. Y cosas como esta no van a frenar ni un centímetro la forma de trabajo en El País. Pero cuando se es el principal medio nacional, eso implica ciertas responsabilidades. Porque si esto nos pasa a nosotros, ¿qué le puede pasar a un periodista local que escribe algo sobre un alcalde o un policía de una comunidad chica? Si estas cosas se dejan pasar impunes, solo potencian los abusos.

Uruguay tiene una historia y una reputación internacional de ser un país serio, democrático, respetuoso de normas y tratados. Sobre todo en libertad de prensa. Pero esto es como la fábula esa de la rana en la olla, que si le van entibiando el agua de a poco no se da cuenta hasta que está hervida. ¡Una idea! Ya que el estado organiza tantos talleres para policías y jerarcas sobre diversidad, inclusión, igualdad, ¿qué tal uno sobre cómo funciona la libertad de prensa? Parece que hace falta.