El "apagón" que se veía venir

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por Martín Aguirre

"Hemos estado creciendo mucho, y caminamos rumbo a un apagón logístico como pasó en Brasil". Las palabras del Presidente Mujica, alertando sobre el inminente colapso del sistema de rutas y puertos, generaron revuelo en el ambiente político. Y una inusual unanimidad acerca del realismo del problema. Sin embargo, este llamado de atención no parece verse reflejado en las políticas oficiales, ni tampoco ha conmovido a los engranajes burocráticos que parecen frenar todos los intentos de solución.

"Hace 4 años que se venden mil camiones por año. El año pasado, solo para los granos, se movieron 207.000 viajes de camiones. Cuando se inaugure Montes del Plata se van a precisar 150.000 viajes más de camión. ¿Qué va a pasar con estas rutas que no aguantan?", afirmó Mujica. Sus palabras generaron inmediata reacción en el sector privado. Operadores de transporte carretero y del ambiente portuario salieron a ratificar los dichos del mandatario, aunque con matices interesantes. Por ejemplo Humberto Perrone, de la Intergremial de Transporte de Cargas, dijo días atrás que "la crisis se veía venir", y que "si no se reparan las rutas, si no se logra tener una infraestructura adecuada para la movilización de carga, no va a haber posibilidad de sacar más producción".

Por su parte Gonzalo Tapia, director de la empresa de servicios marítimos Schandy, afirmaba que "las limitaciones de infraestructura no son algo nuevo en Uruguay". Además del desgaste de carreteras, mencionó los problemas de energía, las restricciones en el ancho de banda y la necesidad de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.

Allí se puede ver un primer punto en el que el discurso político choca en cierta forma con las acciones. El tema del nivel de asfixia que vive el puerto de Montevideo es algo proclamado a gritos desde hace años en el ambiente marítimo. Sin embargo, la administración anterior tuvo enormes problemas para licitar una segunda terminal de contenedores, algo que todos los operadores de la época consideraban esencial.

El problema fue que la empresa TCP de capitales belgas, que controla la principal terminal privada del puerto, amenazó con hacer un juicio al Estado, por entender que la llegada de un nuevo competidor iba en contra de las condiciones pactadas. Más allá de un intento frustrado por falta de oferentes, ante las gravosas condiciones impuestas para no irritar a los belgas, la administración de Tabaré Vázquez dio largas al asunto. Y sus sucesores tampoco lo han impulsado, prefiriendo concentrarse en construir otra terminal en Puntas de Sayago.

Esta propuesta también presenta aspectos curiosos, ya que la misma había sido impulsada originalmente por el expresidente Batlle, que la dio en concesión a un grupo coreano que llevaba adelante el proyecto de Cerro Free Port. Ese proyecto fue mal visto por el primer presidente frentista, quien la revocó, compensando a la empresa con casi US$ 30 millones. Lo llamativo es que el actual gobierno, del mismo partido, en su afán por revitalizar el proyecto, analiza volver a negociar con privados, y los principales candidatos son, de nuevo, capitales coreanos.

Pero no solo en materia portuaria parece haber un divorcio entre las palabras y los hechos. Por ejemplo, tanto el presidente Mujica como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, han hablado sobre la urgente necesidad de inversión en infraestructura. Una inversión que Pintado ubicaba en el entorno de los US$ 1.200 millones en el quinquenio. Sin embargo, en el presupuesto votado el año pasado, solo se otorgaron a esa cartera US$ 500 millones para tal fin. Es más, el presupuesto del MTOP sufrió recortes de US$ 10 millones que fueron derivados al Poder Judicial y a la Corte Electoral.

Una mirada a la ejecución presupuestal permite ver que la obra pública no es la gran prioridad en el mismo, ya que recibe casi la mitad que Defensa o Interior, la tercera parte que ASSE, casi lo mismo que el Instituto del Menor, y bastante menos que el rubro "subsidios y subvenciones". Es bueno recordar también que hablamos de un presupuesto que cuenta con cifras históricas de ingresos, ya que la DGI viene recaudando a niveles récord que, por dar un ejemplo, en el segundo mes del año crecieron un 21% en relación con el ya muy positivo año anterior.

La solución buscada por el gobierno para suplir esa falta de recursos para mejorar la infraestructura ha sido redactar una ley sobre Participación Público-Privada, pero la misma lleva meses estancada en el Parlamento, pese a que cuenta con el apoyo de todos los partidos de la oposición. La resistencia de sectores como el Partido Comunista o el Socialista, que denuncian que detrás de la misma hay "intenciones privatizadoras ocultas" hace que la norma no logre aprobarse. A tal punto llega la pugna interna en este aspecto, que la mayoría del oficialismo propone postergar el tratamiento de la norma por otros tres meses, hasta unificar las posturas.

Algo similar ocurre con la inversión en el área ferroviaria. Mientras el Presidente insiste sobre la importancia de "revivir" los trenes (pese a que hay operadores que afirman que por la escala de las distancias en el país no sería rentable), el gobierno no logra convencer a todos sus sectores acerca de la forma de implementación del tema. Y la discusión ha llegado a un punto de virulencia que el vicepresidente de AFE amenazó renunciar si se insiste con la actual reforma del organismo.

Este panorama parece revelar la falta de una línea clara a nivel de gobierno, acerca de la dirección y el camino a tomar para resolver este grave problema. Y resultan provocativas las palabras que un idóneo en el tema, el director de Depósitos Montevideo Guillermo del Cerro, manifestaba días atrás a la prensa: "El gran problema hoy es que la logística se ha transformado en un cliché y se habla demasiado, pero hay que hacer mucho más de lo que se habla".

"Este país está interpelado por la revolución productiva tanto de bienes como de servicios". (Ministro Enrique Pintado)

El dato.

El proyecto de ley que permitiría la asociación entre el sector público y el privado lleva más de un año de debate sin acuerdo entre los sectores del propio oficialismo.

La cifra.

Según el Ministerio de Transporte las necesidades de financiamiento vial para el quinquenio ascienden a los US$ 1.200 millones.