Oficialismo
LA CLAVE El clima interno en el oficialismo está que arde. Y en la última reunión del Plenario, para no agitar problemas, se decidió volver a la carga con una idea tan retrógrada como unánime en esa coalición: revisar el tema de las exoneraciones a quien dona para entidades educativas privadas. Se ha informado hasta el hartazgo que no son donaciones, sino que quien aporta, paga de más. Pero el odio a institutos como el Jubilar o el Impulso, entes testigo de que se puede trabajar mejor, puede mucho más.
Editorial Se han empezado a multiplicar las críticas a las cifras oficiales de pobreza, no por mala fe opositora o por voluntad desestabilizadora de la institucionalidad estadística del país, sino porque evidentemente todo el mundo ve una realidad que rompe los ojos. El método más común para medir el grado de pobreza de una sociedad es el método de ingreso que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Consiste en determinar los valores de una canasta básica mínima de subsistencia que incluye un conjunto de alimentos que permiten consumir un mínimo de calorías y de otra canasta no alimenticia que incluye algunos servicios relacionados con la vivienda, el transporte y la educación. Luego, todos aquellos hogares cuyo ingreso per cápita no alcanza a cubrir dicha canasta son considerados pobres, y el número total de integrantes de esos hogares es el total de personas pobres de la sociedad. A su vez, dentro de los pobres, aquellos cuyo ingreso per cápita no alcanza a cubrir la canasta alimenticia son considerados indigentes. Si bien toda la anterior definición técnica parece algo tediosa, se hace necesaria por los resultados precisos que arrojan las estadísticas del INE. Porque es evidente que la clave está en el valor monetario concreto de esas canastas, tanto la básica mínima a partir de la cual se es o no considerado pobre, como la alimenticia por la cual se es o no estadísticamente indigente. En concreto, para el INE el 9,7% del total de la población vivía en la pobreza en 2014 y en 2015, y en 2016 fue 9,4% del total. En el caso de los uruguayos en situación de indigencia, el total fue de 0,3% en 2014 y 2015, y de 0,2% en 2016. Es así que el INE define tres valores monetarios distintos para la pobreza y la indigencia en función del lugar de residencia de la persona: uno para Montevideo, uno para el Interior urbano y otro para el Interior rural. El umbral más alto es para Montevideo: redondeando cifras a abril de 2018, si una persona percibe más de $ 13.000 en el mes en la capital ya deja de ser estadísticamente pobre, y es indigente si recibe menos de $ 3.200. El monto más bajo es para el Interior rural: si a abril de 2018 una persona percibe allí, redondeando, más de $ 5.700 al mes, ya no es considerado pobre por el INE; y solo es considerado indigente rural si percibe menos de $ 2.700 al mes. Aquí ya hay un problema grave. Si hoy en día para el INE alguien que percibe $ 13.500 al mes en Montevideo, por ejemplo, ya no es considerado pobre, es muy razonable que la ciudadanía empiece a descreer de esta definición estadística de pobreza. Porque al INE y al oficialismo podrán decir que hay menos de 10% de pobres en el país con esos ingresos- umbrales definidos tan bajos, pero la verdad es que ese cálculo oculta que hay decenas de miles de uruguayos que no son considerados pobres por el INE, porque por ejemplo reciben más de $ 8.500 al mes si residen en el Interior urbano, pero que sí son considerados pobres por el sentido común económico de nuestras amplias clases medias. Es así que se han empezado a multiplicar las críticas a las cifras oficiales de pobreza, no por mala fe opositora o por voluntad desestabilizadora de la institucionalidad estadística del país, sino porque evidentemente todo el mundo ve más de 10% de pobres y más de 0,2% de indigentes en las calles de nuestras ciudades. El caso de los indigentes es bien claro. Hace por lo menos un par de años ya que los montevideanos perciben que hay más gente indigente en las calles de la ciudad. Sin embargo, esta visión es criticada por los comentaristas y dirigentes oficialistas que alegan que se trata de una simple y subjetiva opinión sin valor estadístico alguno. Para mostrarlo, se apoyan en los resultados del INE que estiman que la cantidad de indigentes bajó entre 2015 y 2016 de 0,3% a 0,2% del total de la población. El problema es que hay otras estadísticas que contradicen estos datos del INE. En efecto, según el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), la cantidad de gente que almorzó en su servicio nacional de comedores pasó de 7.586 a 7.830 entre 2015 y 2016. Es lógico pensar que quien allí concurre no logra cubrir por sí mismo su canasta alimenticia, por lo que estadísticamente es indigente. Pero además, entre 2015 y 2016 el INDA aumentó el apoyo con alimentos secos a instituciones que asisten a personas nutricionalmente vulnerables, como merenderos, clubes de niños, etc.: de 423 pasó a 649 instituciones, y de 20.000 usuarios pasó a más de 32.000 en total. Con estos datos inapelables y con lo que uno ve sobre todo en las calles de la capital, ¿cómo puede ser que el INE estime que entre 2015 y 2016 bajó el número de indigentes? La verdad es que estamos teniendo problemas graves con la medición de pobreza y de indigencia del INE. El oficialismo no lo puede ocultar más.
Por momentos, parece que el Frente Amplio hace todo para perder la próxima elección. Pero hay días donde quien pone en duda si está con ganas de quebrar la hegemonía frentista, es la misma oposición. La semana que pasó, tuvo muestras sobradas de ambas cosas. Por momentos, parece que el Frente Amplio hace todo para perder la próxima elección. Pero hay días donde quien pone en duda si está con ganas de quebrar la hegemonía frentista, es la misma oposición. La semana que pasó, tuvo muestras sobradas de ambas cosas. Desde el lado del oficialismo, la novela de lealtades y desamores a corazón abierto protagonizada por los “caudillos” de Maldonado, Óscar de los Santos y Darío Pérez, o la reculada con la investigadora de la financiación política propuesta por el MPP, son ejemplos claros del desgaste que generan en una fuerza política, tres períodos de poder absoluto. Pero resultó más significativo lo del Partido Nacional, con dos episodios que ponen en duda no solo si hay una estrategia clara para ganar las próximas elecciones, sino si ha perdido contacto con la raíces que le dan base a su identidad.
"¿Un viernes antes de Carnaval? ¡No pueden fijar la interpelación un día antes del feriado!", cuestionó el senador colorado Pedro Bordaberry. "Y bueno. Es el día que se pudo", respondió un legislador frenteamplista. "Si esa es la actitud, prepárense porque voy a ir con todo", concluyó molesto el líder colorado. El arranque del año político estuvo marcado por una larga lista de interpelaciones por parte de la oposición: el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el de Trabajo, Ernesto Murro; y el de Defensa, Jorge Basso. Esto molestó al oficialismo que, como estrategia, decidió agendar todos los llamadas a sala juntos y previos al inicio del fin de semana largo de Carnaval. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo a El País que no hay voluntad del oficialismo en ser amplios y claros en los procesos de interpelación. "Las definieron todas a fines de febrero y casi en menos de una semana. Buscan agotar y desvirtuar para generar una especie de desidia o hartazgo", opinó el senador blanco. Heber explicó que la postura del Frente Amplio ha sido estirar las interpelaciones con respuestas largas y vacías. El senador blanco explicó que ante esa situación la alternativa que le quedó a la oposición fue la de llevar los casos a la Justicia. "Si traen las pruebas y los documentos, y son claros… Pero cuando no son claros y no contestan las preguntan, hablan cuatro horas y pretenden que el titular tenga respaldo parlamentario. Lógicamente se va a terminar siempre, si esa sigue siendo la actitud, en el Poder Judicial", dijo Heber. Para los legisladores del Frente Amplio, esta estrategia genera el debilitamiento de las instituciones democráticas. La secretaria general del Partido Socialista, la senadora Mónica Xavier, dijo que la estrategia de la oposición genera preocupación. "Es muy maniquea la discusión y se entra y se sale con argumentos congelados. Uno está convencido de que se está llevando adelante una estrategia que pretende mostrar un gobierno desbocado, un gobierno con elementos de corrupción y es muy difícil discutir y lograr consensos", opinó Xavier, y dijo que no es partidaria de la "judicialización de la política" porque los temas políticos se deben dirimir en su ámbito natural: el Parlamento. La socialista opinó que los blancos y colorados están actuando con irresponsabilidad. "No le hace mérito al debate político decir que actúe la Justicia para dirimir las diferencias políticas. En definitiva la ciudadanía es la que termina votando y resolviendo luego", declaró a El País. La senadora Topolansky compartió la posición de Xavier y dijo que por suerte Uruguay es un país libre, pero que si la oposición quiere llevar las discusiones políticas a la Justicia debe hacerse cargo de las responsabilidades. "Capaz que les gusta más judicializar la cuestión política. Que presenten, no hay problema, tienen la libertad y el derecho a hacerlo. No hay ningún drama", opinó. SIN NEGOCIACIÓN
Una de las complejas preguntas de la vida moderna es si las personas tienen precedencia sobre el ente colectivo o es lo contrario. Esto se debe a que en la era que vivimos el individuo adquirió autonomía y se ha vuelto un ciudadano votante y consumidor soberano. Una de las complejas preguntas de la vida moderna es si las personas tienen precedencia sobre el ente colectivo o es lo contrario. Esto se debe a que en la era que vivimos el individuo adquirió autonomía y se ha vuelto un ciudadano votante y consumidor soberano. Y esto nos lleva a la necesidad de rescatar la importancia de replantear la situación porque un simplismo obtuso responsabiliza a la sociedad de todos los males y concluye con una fácil exculpación al afirmar “que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.