El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respondió ayer a las versiones que aseguran que hay imágenes inéditas del desalojo del Codicen, más allá de las que mostró la cartera. El jerarca aseguró que los grupos radicales construyeron "un relato mentiroso" que no pueden sostener. Además, presentó una demanda penal contra el abogado de los estudiantes.
El ministro del Interior respondió a las versiones que aseguran que hay imágenes inéditas del desalojo del Codicen. Aseguró que los grupos radicales construyeron "un relato mentiroso" que no pueden sostener.
Una grieta se abrió en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) a partir del desalojo del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el 22 de septiembre.
La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo filmó a los estudiantes para que explicaran lo que sucedió durante el desalojo. Este miércoles, por otro lado, la Justicia procesó a un nuevo involucrado en los incidentes ocurridos el mes pasado.
El presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, dijo que no tiene ningún problema en asumir que se equivocó al decir que no se reprimió dentro de la institución, siempre y cuando aparezcan las filmaciones que Irma Leites afirmó que existen.
Se trata de los dos miembros del sindicato del taxi y un miembro del Centro de Estudiantes del IPA. Con este nuevo fallo, ya son ocho las personas procesadas por los incidentes durante el desalojo.
El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) es catalogado como uno de los gremios más radicales del país. Van más allá de sus reivindicaciones sindicales, apoyando usualmente a grupos del mismo perfil.
El presidente uruguayo afirmó este martes en Estados Unidos que "el gobierno va a garantizar que los centros de estudio estén abiertos" y que se "actuará con firmeza poniendo el centro en los alumnos".
El delito de atentado que se le aplicó a los cinco procesados está tipificado en el artículo 171 del Código Penal, bajo el Capítulo V, “De la violencia y la ofensa a la autoridad pública”.
"La respuesta policial, por parte de la Guardia Republicana fue, en general, proporcional al nivel de agresión generado por algunos manifestantes", concluye un informe de la INDDHH sobre los incidentes ocurridos a principios de semana.