El problema de la seguridad en Uruguay es tan grave que no puede quedar librado a la suerte de que se pongan de acuerdo los líderes de los diferentes partidos políticos; sencillamente, porque no lo han hecho en los últimos años, a pesar de lo agudo de la situación.
Hay datos muy claros que dicen que el delito no es algo que esté limitado a un submundo particular, sino que por el contrario es algo protagonizado sobre todo por jóvenes, que crece y se extiende por la sociedad.
Desde el oficialismo se intenta entreverar el asunto arguyendo que la violencia aumenta en todo el mundo, que es una consecuencia del narcotráfico internacional o de que es un problema entre bandas de delincuentes que no afecta a la mayoría de la población.
En los últimos años, en cumplimiento de un proceso de años de cocción, el Uruguay aparece golpeado por un aumento imparable de la criminalidad con riesgo inminente de fracturar su convivencia.
Las declaraciones del Director de Policía vuelven a poner la culpa por fuera de una gestión que ha tenido todo para enfrentar la situación de inseguridad, y 10 años después no tiene un solo índice, un solo dato con los que disimular su fracaso.
Uno de los sospechosos confesó la autoría del crimen, los otros dos dijeron que no estaban relacionados con el hecho.
El descalabro de la imagen presidencial en particular, y del gobierno todo a que venimos haciendo referencia, es cada vez más profundo y grave.
