El endeudamiento, las tasas de interés que se pagan por los créditos y la usura, se han mantenido en el debate público por diferentes propuestas de modificación normativa que se han presentado. ¿Qué se puede hacer para combatir el problema de sectores vulnerables endeudados?

Ayer se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (UdelaR), una conferencia organizada por Ágora en el que se trató el endeudamiento y la pobreza en Uruguay, en base a un estudio sobre la relación de las tasas de interés y la posibilidad de impago, haciendo énfasis en la población vulnerable y aquellos deudores en cesación de pagos (con más de 90 días de atraso), junto con posibles medidas a tomar.

En el estudio presentado por la profesora titular de Econometría en la FCS de la UdelaR, Graciela Sanroman y la magíster en economía, Lucía Bertoletti, se concluye que la población vulnerable tiene mayor probabilidad de tener deudas impagas y que la mayor probabilidad de default de este segmento de la población, se podría asociar a que son de mayor riesgo, pero también a que enfrentan tasas de interés más altas.

El mercado de crédito al consumo en Uruguay es “profundamente asimétrico”, destacaron. Por un lado, hay una alta concentración por el lado de la oferta, viéndose una dispersión en los precios (tasas de interés activas), mientras que por el lado de la demanda, los consumidores no cuentan con posibilidad de negociación, teniendo desventajas respectivas al acceso de información y al conocimiento de “reglas financieras”.

Respecto a la cartera de créditos a fin de 2023, señalaron que el 93,4% del total está administrada por 10 empresas, mientras que estas mismas acumulan el 83,2% de la cartera de créditos en cesación de pagos.

Según la presentación de las economistas, a diciembre de 2023, 801.764 personas tienen más de 90 días de atraso, lo cual la situación de este segmento del mercado es “dramática”, pero no parecería poner en riesgo la estabilidad financiera.

De ellas, 191.280 están en situación de vulnerabilidad, al considerarse como personas vulnerables a aquellas elegibles para tener Asignaciones Familiares (AFAM) o la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

A su vez, del total de personas en default, el 7.4% tiene deudas solo en bancos, mientras que el 54% las tiene solo en administradoras de crédito.

En tanto, la suma de las deudas de los deudores en default representa un 13.8% de la cartera total de créditos al consumo del sistema financiero. Mientras que para los bancos es un 7,4%, para las administradoras de crédito es 32.2%.

Del mismo modo, dijeron que las deudas de bajo importe “suponen un problema particular”, ya que las empresas no tienen incentivos a gestionar el cobro cuando se producen atrasos. Por ejemplo, eran 122.330 personas, a fin del año pasado, con una deuda vigente menor a $ 8.000.

En esta línea, concluyeron que la población vulnerable tiene mayor probabilidad de tener deudas impagas y explicaron que entre enero de 2014 y fin de 2023, cerca de un 80% de los deudores vulnerables tuvieron alguna vez un atraso de más de 90 días.

A su vez, señalaron que el 51% de las personas elegibles para la TUS (y 55% para un monto doble de TUS) con deuda están en la categoría “castigado” -es decir que las empresas ya los pasaron a pérdida-, y el 22% de las personas elegibles TUS (23% de doble TUS) con deuda están en la categoría “default”.

En tanto, también explicaron que la población vulnerable tiene mayor probabilidad de endeudarse con administradoras de crédito, en donde se ven tasas de interés más altas, generalmente las máximas autorizadas por el Banco Central (BCU).

Entre enero de 2014 y fin de 2023, según señalaron, alrededor del 70% de los deudores vulnerables tienen deudas con estas instituciones financieras.

Foto: Francisco Flores

Al referirse sobre la relación entre tasa de interés y probabilidad de impago, señalaron que la mayor probabilidad de default de las personas vulnerables se podría asociar a que son de mayor riesgo, pero también a que enfrentan tasas de interés más altas, ya que se mantiene la base de que a mayor riesgo mayor retorno (en este caso mayor tasa de interés).

En este sentido, destacaron el rol importante que juega el límite a la usura, ya que desde 2007 las tasas de interés de usura han sido determinadas por las propias empresas, lo que implica un porcentaje mayor al de las tasas de interés activa del mercado.

Desde ese año, señalaron que se ha mantenido una inflación y un costo del dinero para el sistema financiero relativamente estable, mientras que las tasas de interés en préstamos al consumo se han visto al alza.

“No los podemos asociar a efectos de la economía, sino a un comportamiento del sistema endógeno, que esto fue o aumentar los beneficios de las empresas que operan en el mercado de créditos o a tapar ineficiencias”, dijo Sanroman.

Junto a este análisis, las académicas presentaron una serie de recomendaciones de políticas, para enfrentar el problema del endeudamiento.

Dentro de las recomendaciones, además de la educación financiera para los consumidores, se encontró el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores, en donde sugirieron una herramienta de comparación de tasas de interés por entidad financiera.

A su vez, recomendaron asegurar el derecho a ser informado antes de reportar al Clearing de Informes o el pasaje a la categoría de deudor irrecuperable en el BCU.

Del mismo modo, se preguntaron si sería posible o conveniente la exclusión de los préstamos de pequeño importe del reporte “por individuo” al BCU.

Otra de las recomendaciones fue la revisión de los mecanismo de determinación de las tasas máximas, en donde propusieron anclarlas a los valores de tasas activas promedio del período 2007-2009.

También sugirieron la incorporación de la figura de “bancarrota” de las personas físicas, así como soluciones para las personas en situación de vulnerabilidad, en particular población elegible para AFAM y TUS, que integren herramientas que permitan enfrentar gastos extraordinarios sin recurrir a endeudamiento a alto costo.

Otra herramienta propuesta fue la creación de una mesa de trabajo entre el BCU y los bancos y administradoras de crédito, para buscar solución a las personas vulnerables en situación de default.

Foto: Estefania Leal