Olesker: hay margen para aplicar más presión tributaria en Uruguay

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El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, sostuvo que hay margen para aplicar más presión tributaria en algunos sectores y ejemplificó con el proyecto de minería de gran porte donde se adicionan tributos a mayor monto de ganancias.

En medio de una polémica interna en el gobierno sobre aumentar el peso tributario a las empresas, con dos visiones opuestas entre el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el ministro de Desarrollo Social (Mides), Daniel Olesker, afirmó ayer en una disertación en el Paraninfo de la Universidad de la República que la "presión tributaria en Uruguay tiene margen para crecer".

"La comparación internacional con países de Producto Interno Bruto similar" muestra que "Uruguay tiene márgenes para aumentar la presión fiscal", afirmó.

Y puso como ejemplo el proyecto de megaminería, donde se plantea un tributo a la renta diferencial. En el proyecto se señala que se creará para la minería de gran porte un "adicional del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), que gravará la renta operacional proveniente de la actividad minera obtenida por titulares de concesiones para explotar un proyecto de minería de gran porte". El ministro se mostró a favor de la modalidad de este tributo.

Precisamente, este es uno de los temas donde los dos equipos económicos del gobierno mantienen posturas diferentes. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, señaló en Chile la semana pasada que debe tenerse cuidado antes de modificar el impuesto a la renta de las empresas porque se "compite" a nivel internacional por la captación de firmas y una suba del tributo podría afectar la capacidad de atraer inversiones. Eso contrasta con la posición de la OPP, que pretende la suba del IRAE de 25% a 30% para las firmas con mayores ganancias. Esta es la posición del "segundo" equipo económico, que tiene al frente al director de la OPP, Gabriel Frugoni y al asesor presidencial Pedro Buonomo.

Este equipo es el que mayor sintonía tiene con el presidente José Mujica y enfrenta posturas con el equipo económico "oficial" que tiene su sede en el Ministerio de Economía.

Esas diferencias quedaron evidenciadas con el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) declarado recientemente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que fue promovido en su momento por la OPP.

La visión de Economía, a raíz de la declaración de la SCJ, es que la OPP no debe "inmiscuirse" en aspectos tributarios, al demostrar con la creación del ICIR no ser idóneos en materia de impuestos.

A fines de febrero, el presidente Mujica convocó a todos sus ministros a una reunión urgente luego de conocido el fallo de la SCJ para intentar zurcir la interna en el gobierno y dejar atrás las diferencias entre el "astorismo" y el "mujiquismo" en materia de política económica. Pero el intento no salió bien.

El vicepresidente Danilo Astori respaldó la gestión del ministro de Economía, Fernando Lorenzo y cuestionó la injerencia de la OPP en aspectos económicos e impositivos.

A su turno, Lorenzo apuntó hacia los ministros Olesker y Eduardo Brenta, por haberlo cuestionado públicamente, acusándolo de tener mirada "a corto plazo" en el manejo de la economía. Ayer, Olesker marcó con su comentario su visión más cercana a las ideas del equipo económico afín a Mujica. Este lunes, el gobierno informó que luego de la reunión de Mujica con el Gabinete Productivo se llegó a un acuerdo para la sustitución del ICIR, volviendo a grabar con el Impuesto al Patrimonio a los propietarios de inmuebles rurales.

Fue Astori quien comunicó a la prensa que al acuerdo llegó todo el Poder Ejecutivo, lo que presumía un punto de vista en común entre el Ministerio de Economía y la OPP. Según datos de la Dirección General Impositiva, el Estado pierde de recaudar US$ 54 millones por la exoneración del tributo al agro.