Redacción El País
La inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de un artículo que permite a la Dirección General Impositiva (DGI) acceder a información bancaria de los clientes sin una orden judicial, sigue generando reacciones.
El País entrevistó a Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), quien defendió: “El secreto bancario no implica que no se pueda acceder a la información de las cuentas bancarias, sino que hay un procedimiento que da garantías a los clientes de que se accede a la información, a través de un pedido judicial y con justa causa. Y si hay un pedido de información, el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa antes de que la información se intercambie”.
La economista destacó que “la época del secretismo o de la falta de información, es parte del pasado. No existe más”.
“Hoy los clientes tienen que dar muchísima información a los bancos y tienen la tranquilidad de que esa información está protegida por secreto bancario. Y proteger los datos en ocasiones también tiene que ver con la seguridad y la integridad física de la persona y su familia”, fundamentó.
Sobre si la nueva disposición, de aprobarse, podría producir retiro de depósitos de no residentes en Uruguay, o si ya se está produciendo ante la noticia, Mainzer respondió: “Estamos recibiendo muchas consultas y vemos nerviosismo por el lado de los inversores, pero de ninguna manera retiro de depósitos por esa causa, menos retiros masivos”.
“Justamente, Uruguay se diferencia de la región en muchas cosas, incluyendo su institucionalidad y el hecho de que ofrece garantías, que otros países no hacen. Entonces, el tener garantías para poder acceder a la información bancaria de los clientes, lo veo como una fortaleza y no como una debilidad”, concluyó.
Tema complejo
En su visita a la Expo Rural Prado el martes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, admitió que se trata de un tema complejo, en la medida en que toca la soberanía del país.
De todas maneras, anunció que se agregarán garantías adicionales, en caso de que el Parlamento decida —“soberanamente”, dijo—que se tome ese rumbo. Esa garantía adicional es que en el pedido de levantamiento del secreto bancario deba haber “de manera fundada” una “presunción de evasión”.
Eso no está establecido así en la redacción del artículo en el proyecto de ley de Presupuesto, ya que allí marca que solamente se procederá a levantar el secreto bancario solo con el pedido del director general de Rentas.