El año 2025 arrancó con un ambiente caldeado en lo que al ámbito laboral se refiere, con el cierre de Yazaki y sus 1.200 trabajadores que quedan sin empleo y la reestructuración de Isusa con la advertencia del sindicato sobre la posible pérdida de unos 250 puestos en esa empresa. Esto marca un año que perfila complicado, además de la tónica de cambio de gobierno y una negociación salarial que promete ser intensa, el próximo julio.

El entorno internacional tampoco ayuda por una política proteccionista por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fortalece el dólar y, probablemente, impulse una inflación a nivel global con impacto en Uruguay. De ser así, los puestos de trabajo locales podrían verse afectados.

Por lo pronto, una pregunta resuena: ¿qué temas o decisiones laborales impulsadas en el gobierno de Luis Lacalle Pou serán pausadas, o darán marcha atrás, durante la administración de Yamandú Orsi? El País formuló ésta y otras interrogantes a analistas, que, con sus respuestas, dibujaron el panorama laboral 2025.

Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG, afirmó a El País que hay dos temas centrales laborales que probablemente el gobierno del Frente Amplio (FA) busque echar hacia atrás: intentará eliminar la prohibición a los sindicatos a ocupar empresas como protesta (limitación definida por el gobierno actual en la Ley de Urgente Consideración, LUC), y también dar un mayor impulso a la inclusión financiera, ya que la actual administración, si bien la impulsó, la manejó con cierta flexibilidad.

De los dos puntos, Ribeiro hizo foco en el tema sindical, considerando que las ocupaciones de plantas generaron problemas con los empresarios en el pasado. Recordó, por ejemplo, la ocupación de la planta y del centro de ventas de Bimbo en 2018. “Ese artículo de la LUC es un punto al que pueden atacar los sindicatos, lo que hay que tener en cuenta es que a los inversionistas no les gustan esas situaciones de ocupación, los ahuyenta”, señaló.

Otros temas que se pondrán sobre la mesa nuevamente para ser discutidos son: la edad de retiro laboral —uno de los ejes de la reforma jubilatoria que no convenció al Pit-Cnt— y la propuesta de asimilar la jubilación o pensión mínima al valor del salario mínimo nacional.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Al respecto, Ribeiro consideró que “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene que ser un filtro, es decir, ver bien qué se puede y qué no se puede hacer, o bajo qué condiciones”.

El designado ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone "es consciente de la responsabilidad fiscal. Eventualmente, podrán modificar la estructura fiscal, subiendo gastos en algunas cosas y bajándolos en otras”, agregó.

A su juicio, Oddone, “estará del lado de la realidad” y se ha mostrado “dispuesto a escuchar”, al tiempo que el mercado espera que el nuevo ministro de Trabajo, Juan Castillo, podría estar más volcado a los sindicatos (considerando su propio pasado sindical). “En muchos casos, entonces, podría darse cierto arbitraje del presidente (Orsi). Pienso que el resultado será razonable”, arriesgó.

Deborah Eilender, economista investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), dio un matiz más cauto al tema, al decir que “hasta que no se llegue a la primera negociación colectiva, no se sabrá qué posición tomará el nuevo ministro de Trabajo”.

Hay otro tema que podría quedar en el limbo. Desde hace años se maneja, por parte de determinados grupos políticos, la propuesta "tres por uno"; esto es, de cada tres personas que se jubilan en la administración pública solo se cubre un puesto. El objetivo es avanzar en una reducción gradual del peso del Estado. “Ahora no sabemos cómo quedará esa propuesta que ha defendido el gobierno actual”, afirmó Eilender.

Eilender advirtió sobre la dificultad de lograr un balance entre puestos de trabajo y salario real, lo que debería tenerse en cuenta en la negociación colectiva de este año.

“El mercado laboral está en niveles históricamente altos. Mantenerlos dependerá de una política salarial acorde, sin dejar de ver la productividad. De lo contrario, este quinquenio entrante podría parecerse más a 2015-2019 que a 2020-2024”, afirmó.

Foto: Pamela Díaz

La economista del CED se refería así a la pérdida de unos 50.000 empleos entre 2014 y 2019 y al riesgo de que este año la presión de aumentar salarios en la negociación colectiva arriesgue la cantidad de puestos de trabajo, en un contexto internacional donde el crecimiento de la economía local tendrá “viento en contra”.

“Hay que tratar de no proponer sueldos altos que al final se termine ajustando por empleo. A veces se consiguen salarios reales altos, pero al final de día resultan menos trabajadores”, reafirmó Eilender.

La economista recomendó prudencia en la negociación, ser más flexibles y tener en cuenta no solo los sectores sino los tamaños de las empresas, entre otros factores, en el momento de negociar.

Lo cierto es que la economía uruguaya está operando cerca del pleno empleo. El 2024 cerró con una tasa de empleo de 59,8% y la tasa de desempleo fue de 7,4% en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En cuanto al salario real, creció 2,6% en promedio durante el período. Una vara alta que se convierte en desafío.

“La solución pasará también por aumentar la productividad, aunque se espera para este año una tendencia general de bajo crecimiento de la economía”, redondeó Eilender.

Sofía Harguindeguy, gerente de Consultoría Económica de Grant Thronton, hizo hincapié en que el planteo de la reducción de la jornada laboral no debería ir en desmedro del aumento de la productividad que Uruguay necesita.

El Pit-Cnt está impulsando una ley para la reducción de la jornada sin pérdida salarial y es posible que avance en el correr del año. “No se sabe si se llevará a cabo, o cómo”, atajó la economista, quien mencionó la experiencia de Chile, donde la implementación de este tipo de jornada fue gradual y menor que la que se está planteando en Uruguay.

“Podría ser una disminución de 45 horas a 40 horas semanales, como en Chile, o de 8 horas a 6 horas diarias, lo que tendría más impacto”, advirtió.

“Julio será un mes desafiante para el mercado laboral. Hay que lograr una negociación de todos estos temas en forma armoniosa y sin que Uruguay siga sacrificando competitividad”, concluyó.