Las diferencias en el gobierno argentino que se profundizaron al extremo

Enfrentados

La inflación del 6,7% registrada en el mes de marzo profundizó al extremo las diferencias dentro del gobierno argentino sobre el rumbo económico.

Por un lado, pese a que ese índice mensual fue el más alto de los últimos 20 años, el presidente Alberto Fernández continúa respaldando al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien apuesta a lograr una desaceleración de los precios en los próximos meses mediante el cumplimiento del programa recientemente acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese programa procura, entre otras metas, la reducción gradual del déficit fiscal y, con eso, de la emisión monetaria.

Lejos de eso, el sector liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner rechaza el plan por considerarlo de ajuste y presiona para avanzar con políticas que van en el sentido contrario, como el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas, el incremento de los subsidios y el impulso al consumo aún a costa de un mayor gasto público y emisión monetaria.

“El kirchnerismo entiende que haber entrado en un programa con el FMI, con lo que eso implica, es un camino seguro hacia una derrota electoral en 2023. En ese sentido, el dato de inflación es una excusa más para seguir tensando la cuerda y tratar de diferenciarse con el objetivo de endilgarle toda la culpa de la mala administración al ala que lidera Alberto Fernández dentro del gobierno”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado a Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

“La cuestión política es hoy la variable que puede hacer más difícil para el presidente y para el ministro Guzmán avanzar en la agenda establecida en el acuerdo con el FMI”, agregó.

La creciente disputa interna y la falta de un rumbo económico consensuado dentro de la coalición de gobierno impiden atacar con eficacia a la inflación, un problema crónico de la economía argentina que se viene agravando.

En el primer trimestre, la inflación trepó al 16,1%, la cifra más alta para ese período desde 1991. Peor aún, los alimentos vienen subiendo más que el promedio de los precios. Solo en marzo, el rubro “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” registró un aumento del 7,2%. Con eso, en los tres primeros meses del año acumula un alza del 20,9%, lo que anticipa un incremento de los niveles de la pobreza y la indigencia.

Frente a ese panorama y a proyecciones que indican que la inflación se mantendrá en niveles elevados en los próximos meses, las diferencias latentes emergen cada vez con mayor nitidez.

El 8 de abril pasado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, un funcionario que responde a Cristina Fernández de Kirchner y que tiene la tarea de controlar los precios, responsabilizó en público a Guzmán por la aceleración inflacionaria.

Luego de abogar por un aumento de las retenciones para desacoplar los precios internacionales de los domésticos y admitir que milagros no hace, señaló que si no hay política antiinflacionaria, “esto se va a poner feo”.

Una semana después el ministro de Economía le respondió en forma elíptica. “Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico”, afirmó Guzmán.

“No hay un rumbo claro y hay dudas sobre el set de políticas que el gobierno está dispuesto a usar para enfrentar la inflación. Es todo muy precario, y eso no colabora para que el sector privado pueda formar precios sin tanta incertidumbre. De hecho, ese contexto viene induciendo a aumentos de precios precautorios”, dijo a El País el economista Jorge Neyro, en Buenos Aires.

Las visiones contrapuestas dentro del gobierno llevan incluso a que en algunos casos no se terminen de ejecutar medidas ordenadas por ministros ante la negativa a cumplirlas por parte de funcionarios de segunda línea.

Eso se reflejó con claridad en mayo de 2021 cuando Guzmán anunció para ese año un aumento en torno al 40% de las tarifas de electricidad para los usuarios de Buenos Aires y el conurbano con el objetivo de reducir el monto de los subsidios económicos.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el encargado de ejecutar el aumento, se negó a hacerlo y solo aceptó un alza del 9%, en línea con la postura del kirchnerismo duro, sector al que pertenece. Ante esa negativa, Guzmán le pidió la renuncia a Basualdo, pero el funcionario permaneció en su cargo.

Ese antecedente, que marca la correlación de fuerzas dentro del gobierno, abre interrogantes hacia el futuro. El gobierno se comprometió con el FMI a reducir el gasto en subsidios económicos a la energía del equivalente al 2,5% del PIB registrado el año pasado al 1,9% en 2022, una meta clave para cumplir con la disminución del déficit fiscal.

En línea con ese objetivo, el ministro Guzmán definió un plan de aumento de las tarifas eléctricas y de gas a lo largo del año del 21% para los segmentos de menores ingresos, del 42% para los sectores de ingresos medios y de cerca del 200% para el 10% de la población con mayores recursos.

Para cumplir con esos incrementos que deberían entrar en vigor el 1 de junio según lo pactado con el FMI, los entes reguladores deben convocar a audiencias públicas, un paso legal indispensable (ver aparte).

Había dudas sobre el llamado a audiencias públicas para incrementar las tarifas eléctricas y de gas, debido a que tanto la Secretaría de Energía como el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) están en manos de funcionarios que responden al sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner.

No obstante, el jueves pasado finalmente se formalizó la convocatoria a las audiencias para el 10, 11 y 12 de mayo. De todos modos, el kirchnerismo mantiene su postura en torno a que los ajustes en las tarifas no deben superar el 20% a lo largo del año.

Visiones tan enfrentadas sobre el rumbo económico, que ya se expresan a viva voz, agregan más ruido y golpean sobre las expectativas.

En ese marco, crecen las especulaciones en torno a que después de Semana de Turismo el presidente Alberto Fernández podría introducir cambios de funcionarios con el doble objetivo de dar una señal de autoridad política y destrabar la gestión económica. En caso de que eso ocurra, habrá que esperar la reacción del otro sector del gobierno: el kirchnerismo.

“Hasta hace dos meses la incertidumbre era si iba a haber acuerdo con el FMI. Eso finalmente se alcanzó, pero hoy la duda es si se podrá cumplir con la agenda del acuerdo debido a las profundas diferencias políticas dentro del gobierno”, señaló Fernando Baer, economista asociado en Quantum Finanzas.

“Habrá que ver si hay una emancipación de Alberto Fernández para mejorar la gestión administrativa dado que hoy hay cargos clave ocupados por funcionarios afines al kirchnerismo. Si la hay, ese será el gran punto de conflicto en los próximos meses”, añadió.

A eso se suma que la escasez de gasoil en el comienzo de la cosecha gruesa alertó a los empresarios industriales, que ven un anticipo de lo que les podría ocurrir a ellos en el invierno con el gas, tanto en cuanto a abastecimiento como en cuanto a los precios.