La Liga de Defensa Comercial y el Banco Central del Uruguay hicieron conocer esta semana en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores su preocupación por los proyectos de ley elaborados por los integrantes del cuerpo Leonardo Nicolini (oficialista) y Gustavo Penadés (Partido Nacional) que entienden limitan indebidamente la difusión de datos sobre el historial crediticio de personas y empresas.
La objeción se centra en el artículo 1 de la iniciativa de Nicolini que prohíbe registrar obligaciones comerciales si no surgen de títulos ejecutivos y establece que la difusión de esas obligaciones se permitirá solamente si existe por ellas una intimación por telegrama colacionado o carta.
Fernando Cabrera, abogado de la Liga de Defensa Comercial, comentó en la reunión que "básicamente la idea que queremos transmitir es que este proyecto, que es más restrictivo, podría acarrear complicaciones excesivas a la información comercial, y que algunos de los aspectos que se quieren solucionar se resolvieron ya en la ley 17.838 o pueden ser solucionados por vía del decreto reglamentario".
En el mismo sentido, el presidente del Banco Central, Walter Cancela, consideró que la iniciativa parlamentaria "apunta a limitar la información de récord crediticio a determinados agentes económicos".
Camilo Martínez Blanco, gerente de la Liga de Defensa Comercial, advirtió que la posibilidad de recurrir contra el mal uso de información crediticia está prevista en la denominada ley de "habeas data" aunque admitió que ésta aún no está reglamentada. A su juicio, es compartible el objetivo de Penadés y Nicolini de evitar el uso indebido de los bancos de datos pero su iniciativa "pone demasiadas cortapisas" y puede tener el efecto indeseado de limitar o encarecer el crédito en particular para las pequeñas y medianas empresas. "Sin información no hay crédito", advirtió a los legisladores Martínez Blanco.
En su opinión, el proyecto va en contra "de los vientos de transparencia de que se habla".
Por su parte, el gerente del Area de Estudio y Regulación del Banco Central, Juan Pedro Cantera, se mostró contrario a limitar la información que el Banco República y el Banco Hipotecario pueden volcar a bases de datos tanto de carácter positivo como negativo. Mostró dudas sobre si es viable la pretensión de los dos legisladores de limitar la información sobre incumplimiento en el pago de tarifas públicas.