La Dirección General Impositiva (DGI) adoptó ayer una serie de medidas que apuntan a facilitar el pago de los impuestos y por lo tanto la recaudación mientras persistan las medidas de protesta de los funcionarios de la oficina. El ministro de Economía, Isaac Alfie, el subsecretario Alvaro Rossa y el director de la DGI, Eduardo Zaidensztat trabajaron varias horas ayer en Economía diseñando las resoluciones.
Los contribuyentes incluidos en el denominado Departamento CEDE (grandes empresas) cuyas obligaciones vencían a partir del 17 de setiembre, podrán efectuar los pagos mediante depósito bancario en el Banco de la República (BROU) en la cuenta número 152/002881/5 "Ministerio de Economía y Finanzas-DGI Recauda". Se realizará un boleto de depósito por cada contribuyente.
Los pagos que se vayan a realizar mediante certificados u otros medios de pago, se harán en la DGI, cuando los servicios retomen la normalidad.
Los pagos que se efectuaran con documentos sin fecha valor podrán hacerse en plazo, antes del próximo 30 de setiembre en la DGI.
Hasta el próximo 30 se prorroga la fecha de presentación de las declaraciones juradas que vencían en este mes, la de los certificados únicos y los documentos en que los contribuyentes registran sus operaciones cuya validez terminaba en agosto y setiembre y la de los certificados de crédito en la misma situación. Lo mismo ocurrirá con la de las constancias de impresión cuya validez caducaba en este mes y en el pasado.
Se autoriza hasta el 30 de setiembre a las imprentas habilitadas a imprimir documentación a sujetos pasivos de los tributos que administra la DGI, a hacerlo sustituyendo la constancia de impresión exigida hasta ahora por una carta de solicitud del interesado.
La carta tendrá que ser firmada por un representante autorizado del solicitante y estar acompañada por una fotocopioa de la tarjeta de RUC, las dos debidamente autenticadas.
La documentación impresa de acuerdo con estas disposiciones tendrá validez hasta el 31 de octubre.
A su vez, las imprentas dispondrán de un plazo de 30 días corridos para notificar detalladamente a la DGI de la documentación que hayan impreso. La Cámara de Comercio había dicho que algunas empresas se estaban quedando sin facturas como consecuencia del conflicto. A su vez, representantes de la industria gráfica dijeron que en algunas imprentas se evaluaba realizar envíos al seguro de paro. El sindicato informó el viernes que de las 400 autorizaciones de solicitudes que expide la DGI a diario para que los comercios puedan imprimir sus facturas, se había bajado a un ritmo de unas 180 por día.
El conflicto se desató a raíz de la reglamentación de la ley 17.706 que establece un sistema de calificación anual para los encargados de área. Los trabajadores la rechazan porque puede resultar en la degradación del 20% de los funcionarios que obtengan peor nota.