Atienden a zonas francas y flexibilizan exigencias

El gobierno flexibilizó la vigencia de los contratos de usuarios del régimen de zonas francas, concediendo a la gremial empresarial del sector todos los pedidos que hizo para modificar el decreto aprobado en noviembre del año pasado.

El Ministerio de Economía (MEF) y el Ministerio de Industria (MIEM) divulgaron ayer un decreto fechado el martes donde se modifica otro del 25 de noviembre de 2010 que establecía plazos máximos para los contratos directos e indirectos para hacer uso de las zonas francas.

En la nueva disposición se entiende conveniente hacer modificaciones para evitar "afectar la captación de inversiones genuinas al amparo del régimen de zonas francas".

Luego de escuchar los reclamos de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, se resolvió modificar el plazo máximo de los contratos de usuario directo, que se habían fijado en 10 años. Ahora se hace una distinción: "será de diez años para la realización de actividades comerciales, comerciales off shore y de servicios y de quince años para la realización de actividades industriales".

Además, se extendió de dos a cinco años el plazo máximo de los contratos de usuario indirecto (las empresas que operan en los exclaves) que se autoricen en las zonas francas de explotación privada.

Otro cambio fue que para conceder plazos mayores a los previstos por el decreto (excepción que podría darse "por razones debidamente fundadas"), se tendrá en cuenta "la cuantía de las inversiones en activos fijos, el volumen de empleo directo o indirecto generado y la extensión del período de amortización de la inversión". En el decreto de noviembre no se incluía el empleo indirecto.

No obstante, se hace más rígido el mecanismo que otorga de forma ficta la prórroga antes del vencimiento del contrato vigente. En el decreto de noviembre se entendía que la autorización ficta recaía "en el caso de que no hubiera un pronunciamiento acerca de la solicitud de prórroga antes del vencimiento del contrato vigente". A eso se le agregó en el nuevo decreto una salvedad: "siempre que hubieran presentado en tiempo y forma por el interesado todos los elementos de juicio que el Área Zonas Francas considere suficientes para fundamentar la concesión de la prórroga".

El presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Daniel Carriquiry, dijo a El País que "el plazo de diez años era muy corto para el usuario directo industrial y sugeríamos 15 años y en el caso de los usuarios indirectos los dos años también eran muy cortos y sugeríamos como mínimo cinco". Eso llevó a mantener conversaciones con el MEF que finalmente prosperaron.

"Estamos muy satisfechos porque hay una buena negociación y relacionamiento. Lo que solicitamos como temas prioritarios fue contemplado en ese decreto modificativo. Los canales de comunicaciones tuvieron buen resultado", resaltó.