DISTRIBUCIÓN DE GAS POR CAÑERÍA

El ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, confirmó en el Parlamento que el 30 de este mes Ancap se hará cargo de Montevideo Gas, la empresa de suministro del fluido que ha quedado a la deriva tras la decisión de su principal accionista, la brasilera Petrobras, de dejar el negocio.

En los tiempos por venir se le buscará un inversor privado para que vuelva a su situación de empresa de derecho privado.

Además el ministro reveló que la empresa Gas Sayago, propiedad de Ancap y UTE y que era la responsable del fracasado proyecto de planta regasificadora, acordó con casi todos los funcionarios su desvinculación. La única persona que no acordó fue la gerenta general en uso de licencia especial, Marta Jara, quien hoy preside Ancap.

El acuerdo del gobierno con Petrobras para el traspaso se está ultimando, dijo el ministro en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.

La petrolera estatal adquirirá las acciones de Montevideo Gas y Conecta y se hará cargo del suministro. “Es un negocio que según confirmaron las autoridades da pérdidas de US$ 3,6 millones por año”, contó el diputado nacionalista Pablo Abdala tras la reunión en el Parlamento.

El negocio da pérdidas porque se encarece a través de dos factores, dijo Abdala.

“La estructura burocrática y el precio del insumo principal que es la importación de gas natural como consecuencia del fracaso del proyecto de planta regasificadora. La planta tenía el sentido de que Montevideo Gas y Conecta dispusieran de gas natural abundante y a buen precio, pero estamos importando el gas de Argentina a un precio de US$ 17 el millón de BTU, un precio alto. Hoy lo concreto, claro, es que el Estado pierde”, explicó el legislador.

El ministro Moncecchi informó en la comisión que Gas Sayago arrojó pérdidas por US$ 3,6 millones anuales y además dijo que hay un contrato con una empresa para remover los pilotes de la bahía de Montevideo a un costo de US$ 8 millones, que quedaron plantados y herrumbrados luego de que la empresa GNLS abandonara el proyecto de la regasificadora.

También reveló que se llegó a un acuerdo con los trabajadores de Gas Sayago para desvincularlos de la empresa por el cual Ancap y UTE (los accionistas) van a desembolsar US$ 600.000 para financiar esos despidos.

Marta Jara, gerenta general de la empresa con el cargo en situación especial, no ingresó en ese acuerdo. Para Abdala “mantener el cargo en reserva y a la vez presidir Ancap es inconstitucional porque vio- la el artículo 200 que dice que el titular de una empresa estatal no puede integrar el directorio de otro organismo vinculado con el primero. Que ella permanezca en un lado y con el cargo en otro es muy difícil de explicar públicamente”.