CONGRESO

España se convirtió ayer jueves en el cuarto país de Europa en legalizar la eutanasia, y el séptimo en el mundo en habilitar esta práctica en pacientes terminales. El país se suma así a Holanda, Bélgica y Luxemburgo en Europa, a Canadá en América del Norte y a Nueva Zelanda en Oceanía, aunque en este caso entrará en vigor en noviembre. En América Latina, la eutanasia está permitida en Colombia, aunque no por una ley sino por una decisión del Tribunal Constitucional. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida.

Uruguay tiene a estudio un proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

La ley española autoriza la eutanasia (el personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).

A diferencia de las otras leyes vigentes, la española, mucho más garantista, establece una serie de pasos que pueden demorar el proceso, desde que el enfermo lo solicite, más de un mes.

En España podrán pedir la eutanasia los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

Los solicitantes serán informados de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles; tendrán que confirmar al menos cuatro veces la voluntad de morir, su caso será analizado varias veces y podrán desistir en cualquier momento. Los profesionales sanitarios podrán acogerse a la objeción de conciencia.

Después de pasar por el Senado, el Congreso español respaldó la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, 141 en contra y 2 abstenciones. Entrará en vigor a los tres meses de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Como en los casos de las leyes a favor del aborto, la eutanasia divide a la sociedad y desata un fuerte enfrentamiento político.

En España su legalización fue impulsada por el oficialista Partido Socialista (PSOE) y apoyada por Unidas Podemos, las das fuerzas parlamentarias que forman el gobierno de coalición. También la respaldaron pequeños partidos de izquierda, así como liberales, nacionalistas e independentistas. La rechazaron el Partido Popular (PP) y la extrema derecha Vox, que ayer mismo avisó de que la recurrirá en el Tribunal Constitucional y de promoverá derogarla si cambian las mayorías parlamentarias.

“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. (...) Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España”, tuitéo el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Por el contrario, el diputado José Ignacio Echániz (PP) subrayó que “no existe demanda social objetiva”, que la ley abre la puerta a “eutanasias no solicitadas” y que España puede convertirse en un país de “turismo eutanásico”.

Echániz habló de un “efecto llamada” que provocará entre las personas más vulnerables, a las que se “empujará” a la eutanasia.

La división social se manifestó en la calle mientras se votaba la ley. Frente al Congreso, familiares de enfermos que lucharon en vida por legalizar la eutanasia celebraron lo que consideran una ley histórica que permitirá evitar el sufrimiento.

También en la zona, varias decenas de personas se concentraron para protestar contra la legalización, algunas encapuchadas y con guadañas y gritos contra el Gobierno. Convocados por asociaciones católicas, los manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas como “Gobierno de la muerte”, “Protege la vida” o “No hay derecho a matar”.

La Conferencia Episcopal Española lamentó la aprobación y llamó a favor de la objeción de conciencia y de la “cultura de la vida” para decir con fuerza ‘No matarás’. El secretario general de los obispos católicos, Luis Argüello, consideró “mala noticia” la ley y lamentó que cada año mueran en España 60.000 personas con sufrimiento, según dijo, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.

En España la eutanasia ha contado con un fuerte impulso de familiares de personas que han pedido ayuda para morir, agrupadas por la plataforma Change.org, que hace algo más de un año presentaron un millón de firmas a favor de la iniciativa: las familias de Maribel Tellaetxe, que había pedido a su marido y a sus hijos que la ayudaran a morir cuando el alzhéimer le borrara sus nombres; de María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple avanzada cuyo marido está procesado por facilitarle un medicamento para suicidarse o, entre otras, Asun Gómez, pareja de Luis de Marco, quien murió tras más de un mes de agonía hasta que consiguió una sedación terminal.

“Hoy me iré a la cama habiendo dejado una mochila”, dijo antes de la sesión Danel Lorente, hijo de Maribel, concentrado frente a la escalinata del Congreso.

Quiénes y cómo podrán solicitarla

Podrán solicitarla la eutanasia los mayores de edad; hay que tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses.

Se podrá pedir cuando el solicitante sufra “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

El paciente deberá formular dos solicitudes escritas de manera voluntaria, con al menos quince días entre ambas, aunque el médico responsable puede acortar el plazo si cree que existe riesgo “inminente” de “pérdida de la capacidad” para otorgar el consentimiento. El solicitante podrá revocar la petición en cualquier momento. Recibida la primera solicitud, el médico responsable realizará con el paciente un “proceso deliberativo” sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, y posibles cuidados paliativos, análisis que se repetirá tras la segunda solicitud. Si mantiene la solicitud, el médico responsable deberá tratar el caso con un “médico consultor”, que tendrá diez días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.

En cada región española se constituirá una “comisión de garantía y evaluación”, con personal médico, de enfermería y juristas, que en última instancia autorizará cada proceso de eutanasia.

El proyecto de Pasquet que “en principio” Lacalle Pou no vetaría

En Uruguay, la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley para habilitar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El promotor de la iniciativa es el diputado colorado Ope Pasquet. El proyecto de ley, presentado en marzo de 2020, busca establecer “cuándo y cómo son admisibles” las prácticas de la eutanasia y el suicidio asistido.

Podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad, “psíquicamente aptas, enfermas de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables”.

Según el articulo 2° del proyecto, el médico actuante deberá solicitar una segunda opinión de otro profesional. Este constatará que la voluntad del paciente de poner fin a su vida “es libre, seria y firme”. Quince días después se realizará una segunda entrevista con el médico para confirmar la voluntad del paciente y a los tres días se podrá practicar la eutanasia.

El presidenteLuis Lacalle Pou dijo en entrevista con El País que aunque no tiene una posición clara sobre la eutanasia, “a priori” tiende a aferrarse a la vida. “No me va a tocar votarlo a mí. Analizo el tema humanamente, me pongo de los dos lados”, sostuvo. Lacalle Pou consignó que “en principio” no vetaría el proyecto de ley de Pasquet.