BRASIL

Jair Bolsonaro, ya curado del COVID-19, retomó ayer lunes su actividad. El presidente brasileño volvió con un discurso más moderado del que tenía sobre la pandemia antes de contraer el virus. “Acabaron con el empleo en Brasil y tendremos que resolver eso”, dijo al salir de su residencia oficial para dirigirse hacia el palacio presidencial por primera vez en 20 días, tiempo que pasó recluido tras dar positivo de coronavirus.

Bolsonaro se mostró conciliador, sosegado y distante de la política de embate. Incluso, a diferencia de lo que hizo desde que la pandemia se comenzó a expandir por el país, que ya es el segundo más afectado y pasa de 87.000 muertos y 2,4 millones de casos, se negó a acercarse a unas personas que le saludaban. “Ya estoy curado, pero evitemos el contacto”, dijo.

Pero a los problemas que ya arrastrada por sus enfrentamientos con el Congreso y el Poder Judicial, a Bolsonaro lo esperaban otros a su regreso.

Un documento firmado por 152 de los casi 500 obispos que tiene Brasil criticó la “incapacidad” y la “ceguera” del presidente, a quien se le acusa de promover “una economía que mata” en medio de una pandemia. El manifiesto no fue comentado por el Episcopado y se atribuye a la llamada “ala progresista” de la Iglesia católica.

Bajo el título “Carta al Pueblo de Dios”, el documento afirma que “Brasil atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia”, y lo equipara a una “tempestad perfecta”, en la que conviven “una crisis de salud sin precedentes”, por la pandemia del COVID-19, y “un avasallador colapso de la economía”.

Agrega además a ese escenario “la tensión sobre los fundamentos de la República, provocada en gran medida por el Presidente y otros sectores de la sociedad”, para concluir que el país vive “una profunda crisis política y de gobernanza”.

También alerta sobre “el caos socioeconómico que se avecina, con el desempleo y la carestía proyectados para los próximos meses”, así como “los negociados políticos para la manutención del poder a cualquier precio”. También censuran el modelo económico liberal adoptado por el Gobierno, sobre el cual afirman que “mata”, y sostienen que “no es sustentable una economía que insiste en el neoliberalismo, otorga privilegios a monopolios de pequeños grupos poderosos en detrimento de la gran mayoría de la población”.

Los obispos piden un “amplio diálogo nacional que implique a humanistas, a los comprometidos con la democracia, los movimientos sociales, hombres y mujeres de buena voluntad, para que se restablezca el respeto a la Constitución y al Estado Democrático de Derecho, con ética en la política”.

Por su parte, trabajadores de la salud brasileños solicitaron ayer lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación sobre la respuesta de Bolsonaro ante la pandemia, que consideran constituye un crimen contra la humanidad.

El caso fue presentado ante la corte en La Haya por una coalición de sindicatos, que asegura representar a más de un millón de trabajadores sanitarios de todo Brasil. Los sindicatos acusan al presidente “de haber actuado con negligencia criminal durante su gestión de lapandemia de COVID-19, arriesgando la vida de profesionales de la salud y miembros de la sociedad brasileña”.