NICARAGUA

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua sigue con la ola de arrestos de opositores, a dos meses de las elecciones presidenciales. La última víctima es el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez, uno de los nicaragüenses más conocidos hoy en el mundo y que en el pasado integró las filas del sandinismo junto al propio Ortega.

La Fiscalía, que responde al régimen, acusó y pidió detener a Ramírez por actos que “incitan al odio” y por “conspirar” contra la soberanía.

“Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”, dijo en un comunicado la Fiscalía.

También fue acusado de haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con el objetivo “desestabilizar” el país.

Ramírez, de 78 años, fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el gobierno en Nicaragua tras el triunfo de la revolución de 1979, y fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990).

En 1995, renunció por discrepancias al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los cargos contra el autor de Castigo divino son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores, detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, bajo leyes aprobadas por el régimen en diciembre pasado.

Ganador en 2017 del Premio Cervantes, el más importante de la literatura en español, Ramírez permanece fuera de Nicaragua después de que a inicios de junio fuera entrevistado en calidad de testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía la aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro.

En ese entonces, el también premio Alfaguara 1998 por Margarita, está linda la mar, explicó que el apoyo financiero a la Fundación Luisa Mercado, nombre de su madre, era para actividades de la plataforma cultural Centroamérica Cuenta, que anualmente reúne a escritores, narradores y poetas del mundo.

El escritor reaccionó en sus redes sociales a la acusación que afirmó le hace el régimen de Ortega. “Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder”, expuso a través de un video divulgado en sus redes sociales.

Ramírez comparó la situación con lo ocurrido en 1977, cuando el dictador Anastasio Somoza lo acusó de delitos parecidos “cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra”.

“Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio”, añadió.

A casi dos meses de celebrar las elecciones, la justicia nicaraguense ha remitido a juicio a más de 20 detenidos, entre los que destacan cinco de siete aspirantes a la presidencia; Cristiana Chamorro, quien se perfilaba como una importante rival de Ortega en las elecciones de noviembre, es una de ellas.

Daniel Ortega, de 75 años, estuvo en el gobierno entre 1979 y 1990, primero al frente de una Junta de Gobierno y luego como presidente. En 1990 fue derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, pero regresó al poder en 2007 y se mantiene hasta la fecha.

La escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli dijo ayer jueves que Ortega está en “guerra” contra el pensamiento y la inteligencia, luego de que la Fiscalía acusó y pidió orden de captura contra Ramírez.

“La dictadura ha emprendido una guerra sin cuartel contra el pensamiento y la inteligencia”, señaló Belli en su cuenta en Twitter, al referirse al exilio de decenas de intelectuales y emprendedores en los últimos meses, y tras haberse referido al caso de Ramírez.

“Es el colmo del régimen: acusar a alguien por recibir financiamiento para un proyecto cultural de una institución que ahora ellos acusan. Además acusar a un escritor que ha puesto a Nicaragua tan en alto, por incitación al odio y esa sarta de falsedades. Es insólito”, escribió Belli en la misma red social.

“Mi solidaridad con @sergioramirezm. La mediocridad de este régimen y sus condenas fabricadas son un insulto a la inteligencia y una negación de la ley y la Constitución de nuestro país. Los afiches de su tiranía se pudrirán, pero la excelencia de Ramirez pasará a la historia”, agregó la autora de Rebeliones y revelaciones.

Diferentes organizaciones opositoras cuentan por decenas, e incluso por centenas, la cantidad de profesionales que han optado por el exilio en los últimos tres años, en medio de una crisis sociopolítica que tiene enfrentado a Ortega con diversos sectores de la población nicaragüense.

En el caso de las Asociaciones Médicas Nicaragüenses, sostienen que al menos 400 médicos han huido de su país desde 2018, y el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) informó que al menos 30 reporteros y trabajadores de medios de comunicación se han exiliado desde junio pasado, en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores y profesionales.

Al igual que Ramírez, Belli, autora de El país de las mujeres y El apretado abrazo de la enredadera, entre otras obras, se encuentra también fuera de Nicaragua.

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa (1997-2002), el exembajador en Costa Rica y ante OEA Mauricio Díaz y el analista político Jaime Arellano fueron enviados a juicio para responder por la acusación de una supuesta conspiración contra el régimen de Ortega. Un juez nicaragüense aceptó procesar a los dos exdiplomáticos opositores y al comentarista político, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva a los acusados y remitió la causa a juicio, indicó la Fiscalía en una declaración. Aguirre Sacasa, Díaz Dávila y Arellano permanecen presos desde julio y agosto pasado, respectivamente. (Con información de EFE)

Opositores “terroristas” y “demonios de sotanas”

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó esta semana de “terroristas” a los opositores que se encuentran detenidos por supuesta traición a la patria, y “demonios de sotanas” y “satánicos” a los obispos y sacerdotes críticos con su régimen. Un total de 35 opositores y profesionales independientes, incluidos siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre próximo, en los que Ortega buscará una nueva reelección, fueron enviado a juicio en estas semanas.

Según Ortega, cuando estallaron las protestas en abril de 2018 colapsó el sistema de salud y responsabilizó a “los terroristas de saco y corbata que mandaban y le pagaban a los pandilleros para que cometieran tropelías y crímenes”.

Esas protestas dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.

“Los terroristas de saco y corbata, los terroristas de sotana, los demonios de sotana, cuando se buscaba una salida que no fuera violenta, cuando ya habían bañado de sangre, quemado ciudadanos, y en el diálogo se planteaba que se levantaran los tranques (bloqueos en las vías)”, su contraparte se oponía, aseguró el lunes en un discurso en ocasión del 37 aniversario de las tropas especiales de la Policía.

Clandestino para evitar arrestos

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció ayer jueves que pasó a la clandestinidad en Nicaragua, para evitar que sus integrantes que permanecen en el país sean arrestados. “La resistencia en Nicaragua no ha desaparecido. La UNAB y otros espacios persisten en ella, no podemos enumerar de manera pública qué espacios integran este plan, porque pondría en riesgo nuestras bases y a otras personas que son objetivos del régimen”, dijo la miembro del Consejo Político de la Unidad, Alexa Zamora, en teleconferencia de prensa. Entre los integrantes más conocidos de la UNAB está el aspirante a la Presidencia Félix Maradiaga, los exguerrilleros Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, las dirigentes Violeta Granera, Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, el exivecanciller Víctor Hugo Torres, y el politólogo José Antonio Peraza.