Polémica en España por cambio del delito de sedición

ACUSACIONES

Una propuesta del gobierno español para cambiar el delito de sedición, por el que fueron condenados varios líderes independentistas catalanes, y reducir la pena máxima de 15 a 5 años, desató un duro cruce entre el oficialismo y la oposición.

La reforma fue registrada ayer viernes en el Congreso de los Diputados y cambia el delito de sedición por el de desorden público.

La oposición acusa al presidente socialista Pedro Sánchez de pactar esta reforma precisamente con los independentistas catalanes para favorecerlos, a cambio de seguir en el poder, ya que necesita su apoyo parlamentario para sacar adelante las leyes, como la del presupuesto del Estado de 2023.

El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, respondió que se pretende modificar un delito de sedición que tenía 200 años de antigüedad, y prefirió hablar de “europeizar” la norma en vez de suprimir su contenido. Según justificó López, así se mejorará la cooperación judicial internacional, ya que con un delito “homologable” al de otros países europeos “no volverá a haber santuarios” para quienes atenten contra el orden público en España.

Así se refirió a que tribunales de algunos países europeos denegaron la extradición a España del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont y algunos de sus colaboradores, que permanecen huidos de la Justicia española acusados de sedición. Si Puigdemont regresa a España, “será juzgado”, dijo el portavoz.

Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados en 2019 por sedición a entre 13 y 9 años de prisión e inhabilitación, e indultados posteriormente, en 2021, por el gobierno de Sánchez.

Según la propuesta de reforma penal, cometerán un delito de desórdenes públicos agravado, con pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, quienes con violencia e intimidación o en el seno de una multitud alteren el orden público e impidan la aplicación de leyes o resoluciones judiciales.

Si el delito lo cometen autoridades, la pena de inhabilitación absoluta alcanzará los ocho años.

El presidente regional de Cataluña, Pere Aragonès, celebró ayer viernes esta propuesta del gobierno español. “La derogación del delito de sedición es un paso importantísimo para conseguir el objetivo de poner fin a toda forma de represión, pero queda camino por recorrer todavía”, aseguró Aragonès, un independentista moderado del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

“Habrá que hacer más porque seguimos comprometidos con conseguir los efectos de la amnistía”, agregó sobre los imputados en los procesos derivados de la celebración de un referéndum de independencia de Cataluña.

Por su lado, el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó ayer viernes contra el presidente Sánchez, tras el anuncio de la reforma del delito de sedición.

“Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma”, escribió en Twitter.

El líder del PP se enteró de que la coalición de gobierno -Partido Socialista y Podemos- aceleraba la rebaja de las penas poco antes de tomar el vuelo de vuelta a España, desde Ecuador, la última parada de su gira latinoamericana que también incluyó Uruguay.

En el cuartel general del PP acusan al Gobierno de “traición” y “humillación” a España, y tachan la reforma del Código Penal de “moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en el palacio de La Moncloa un año más”.

Hace dos semanas el PP rompió las negociaciones para un pacto que creía en ese momento inminente para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado casi cuatro años.|