La petrolera estatal boliviana amaneció este domingo con sus oficinas intervenidas en todo el país tras la destitución de su principal ejecutivo, Santos Ramírez, ordenada el sábado por el presidente, Evo Morales, por un caso de corrupción.
Aunque las actividades fueron hoy normales en las plantas industriales, las oficinas administrativas están bajo custodia policial a la espera de una auditoria económico-financiera que comenzará el lunes por orden de Morales.
Para este lunes se espera que el presidente interventor, Carlos Villegas, suspenda a diez funcionarios de alto nivel que figuran en una lista que le entregó el propio presidente Morales y sobre los que pesan también denuncias de corrupción.
"Es muy lamentable lo que está pasando en Yacimientos", le dijo el presidente a Villegas al encargarle "transparentar la administración" de la petrolera con una auditoria "para saber sobre los contratos y el manejo de los recursos económicos".
La figura central del caso es Santos Ramírez, tercer hombre de la estructura política del gobierno y considerado hasta la semana pasada uno de los principales aspirantes a candidato vicepresidencial de Evo Morales en la elección de diciembre.
El caso se desató el martes cuando Jorge O´Connor D´Arclach, presidente de una empresa a la que YPFB adjudicó un contrato por 84,5 millones de dólares, fue asesinado para robarle 450.000 dólares cuando llegaba a la casa de un cuñado de Santos Ramírez.
La oposición denunció inmediatamente un probable soborno pues YPFB pagó días antes a la empresa Catler Uniservice 4,5 millones de dólares a cuenta del contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos del gas en el sudeste del país.
"Personalmente, quiero saber a dónde iba esa plata. Ya sabemos de dónde era. Por eso, usted tiene la obligación a partir de este momento de investigar", dijo Morales a Nardy Suxo, viceministra de lucha contra la corrupción, al posesionar al interventor.
Según el fiscal Marcos Vidal, "por la información obtenida todo apunta a que el dinero sustraído estaba destinado a una coima".
El viernes, Santos Ramírez dijo en conferencia de prensa que el contrato con Catler Univervice es legal, que los tanques para la separadora de líquidos se están fabricando en Argentina y que no tiene responsabilidad en los actos en que pudieran estar involucrados sus cuñados.
En la lista de funcionarios de YPFB que Morales entregó a Villegas y Suxo para que se los suspenda el lunes y se los investigue figuran la directora jurídica, cinco gerentes, el director de recursos humanos y dos hermanos de la esposa de Santos Ramírez.
Ramírez, maestro rural, fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) y ex presidente del Senador en el primer año de gobierno de Morales, se casó el 7 de enero con Iovanna Navia Doria Medina, diputada suplente por ese partido. El presidente Morales fue su padrino de matrimonio.
"El compañero Santos Ramírez tiene la obligación de defenderse ante el pueblo y ante las instancias judiciales", dijo Morales al posesionar el sábado a Carlos Villegas como presidente interino e interventor.
Villegas, economista, era ministro de Planificación desde hace ocho meses. Antes fue de Hidrocarburos y es ahora el sexto presidente de YPFB desde que asumió Evo Morales, en enero de 2005. (ANSA)