GOLPE DE ESTADO

El subsecretario general de la ONU, Martin Griffiths, dijo ayer domingo que estaba “horrorizado por los informes de un ataque a civiles” en Birmania el 24 de diciembre.

El funcionario internacional calificó de “creíble” la información sobre el hallazgo de “35 cuerpos” en vehículos quemados en el noreste del país.

“Condeno estos graves hechos”, destacó en un comunicado, en el que instó “a las autoridades a poner en marcha de inmediato una investigación seria y transparente”.

Fotos publicadas el pasado sábado en las redes sociales mostraban dos camiones y un automóvil incendiados en una carretera en el municipio de Hpruso, en el estado oriental de Kayah, con cadáveres dentro.

Un líder de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), opuestas al gobierno, dijo que había encontrado al menos 27 cadáveres. Según el observatorio Myanmar Witness, “35 personas, incluidos niños y mujeres, fueron quemadas y asesinadas por los militares el 24 de diciembre en el municipio de Hpruso”.

Un portavoz de la junta, Zaw Min Tun, admitió por su parte que el pasado viernes estallaron enfrentamientos en la zona y que los soldados habían matado a varias personas, sin dar más detalles. “Llamo a las fuerzas birmanas y a todos los grupos armados en Birmania para que tomen todas las medidas necesarias para proteger a los civiles”, dijo el subsecretario general de la ONU.

Birmania ha entrado en una espiral de violencia y se ha hundido en el caos desde el golpe de Estado por militares liderados por Min Aung Hlaing que tomaron el poder el 1 de febrero, lo que puso fin a una transición democrática de diez años.

Además de protestas pacíficas y un movimiento de desobediencia civil, se han formado milicias civiles que han tomado las armas junto a las guerrillas étnicas que están en conflicto con el Ejército birmano desde hace décadas.

Tras casi 11 meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1.375 muertos, según la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), una ONG local de activistas birmanos.

El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que ganó claramente el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.

En respuesta, las milicias ciudadanas del PDF han surgido en el país y regularmente infligen reveses al poderoso ejército birmano.

La ONG Save the Children anunció que dos miembros de su personal en Birmania permanecen desaparecidos en el incidente vinculado con el asesinato de los 38 civiles.

“Tenemos la confirmación de que su vehículo privado fue atacado y quemado. Según los informes, los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos”, denuncia la oenegé en un comunicado, que apunta que sus trabajadores volvían a sus hogares por la navidad.

Según la oenegé birmana Grupo para los Derechos Humanos Karenni, que denunció inicialmente la masacre, las víctimas son desplazados internos que murieron a manos de los militares. Esta oenegé calificó el incidente como “horrenda violación de los de derechos humanos” y reclamó juzgar a los responsables.

Por su parte, la prensa oficialista señaló que los militares abatieron a un número indeterminado de “terroristas armados” que viajaban en siete vehículos y que no tenían intención de parar ante el requerimiento de los oficiales.

El estado Kayah, donde ocurrió el hecho, es uno de los escenarios donde las guerrillas étnicas armadas plantan cara al Ejército, que se ha ensañado contra esta y otras zonas controladas por los rebeldes que se oponen al gobierno golpista.