SENTENCIA
La gobernante Aung San Suu Kyi recibió esta primera sentencia tras el golpe militar de febrero y por vulnerar las normas de seguridad contra el COVID-19 de ese país.
Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y depuesta gobernante de Birmania, fue condenada ayer lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado 1° de febrero.
Fuentes cercanas al proceso, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta militar, precisaron que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y a otros dos años por vulnerar la normas del COVID-19.
Horas más tarde, la televisión estatal MRTV anunció que la Nobel de la Paz pasará dos años bajo arresto en su actual centro de detención, una sentencia reducida después de que el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, le otorgara un indulto parcial.
Suu Kyi, que fue detenida cuando el Ejército tomó el poder, ha permanecido aislada en una localización secreta en los últimos meses, pero en ningún momento se ha dado a entender que estuviera en una prisión.
El delito de incitación según el Código Penal birmano, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe. La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de los comicios de noviembre de 2020.
La exmandataria fue sentenciada tras un proceso a puerta cerrada en Naipyidó, en el que también se impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de la capital, Myo Aung.
"Cargos falsos".
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó la condena contra Suu Kyi, que lideraba el gobierno de Birmania con el cargo de consejera de Estado, y pidió su liberación.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó por su parte que las sentencias “representan otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos humanos en Birmania”. Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI) también han criticado las sentencias.
Contra la premio Nobel de la Paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel.
La junta militar birmana prohibió a los abogados de Suu Kyi hablar con los medios.
El Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, y la UE han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.
El militar golpista ha sido excluido de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
Los militares birmanos se encuentran cada vez más aislados del exterior, excepto por los contactos diplomáticos con Rusia y China.
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