Agencia EFE
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió ayer “una infiltración” en la cadera en un hospital de Sao Paulo para paliar las molestias que viene padeciendo en esa zona, con la previsión de que pase por una cirugía antes de finalizar el año, informaron fuentes oficiales.

“Debe someterse a una operación programada de cadera en la segunda mitad del año”, indicaron fuentes de la Presidencia de Brasil, que subrayaron que el mandatario, de 77 años, continuará con su agenda oficial “según lo previsto”.

La infiltración de ayer, domingo, tuvo lugar en el Hospital Sírio-Libanês de Sao Paulo, una de las clínicas privadas más prestigiosas de Latinoamérica.

Lula, en el poder desde el 1 de enero, cuando inició un tercer mandato tras gobernar en dos periodos entre 2003 y 2010, se ha quejado públicamente de dolores en la cadera en los últimos meses.

El jefe de Estado participó ayer en la ceremonia de toma de posesión de la nueva directiva del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, donde se forjó como político.

En su discurso, Lula exaltó el papel de los sindicatos del cinturón industrial paulista y prometió volver a crear empleo y subir todos los años de su mandato el salario mínimo. Después volverá a Brasilia, donde los próximos días le espera compromisos, entre ellos una reunión con el administrador de la NASA, Bill Nelson.

En otro orden de temas, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, defendió el fin de semana un proyecto de ley del Gobierno para endurecer las penas por delitos “contra el orden democrático”, como una forma de “combatir el muy peligroso nazifascismo del siglo XXI”.

“Considero que los autores de los crímenes contra el orden democrático y sus guardianes deben ser castigados con firmeza”, dijo Dino en sus redes sociales, en respuesta a las críticas de algunos especialistas jurídicos, que ven la propuesta excesiva.

El Gobierno de Lula anunció el viernes un paquete de medidas para reforzar la seguridad en el país que incluye una propuesta legislativa para aumentar las penas por actos golpistas, como los del 8 de enero. Ese día, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema para forzar el derrocamiento de Lula, que había asumido una semana antes, con el objetivo de devolver a Bolsonaro al poder.

El proyecto, que será analizado por el Parlamento, establece de 20 a 40 años de cárcel para aquellos que atenten contra la vida del presidente, el vicepresidente, los jefes del Congreso, los magistrados del Supremo y el fiscal general, con la intención de cambiar el orden constitucional.

También determina penas de entre 6 a 20 años de cárcel por organizar, liderar o financiar movimientos vistos como antidemocráticos.