La Fiscalía lo ubica en la cima de una red para el cobro de sobornos.

Desde ayer miércoles Luiz Inácio Lula da Silva está formalmente en el banquillo de los acusados. La Fiscalía de Brasil acusó al expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción en Petrobras, una denuncia que cayó como una bomba en ese país, apenas dos semanas después de que el Senado destituyera a la presidenta Dilma Rousseff, delfín político de Lula

El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, afirmó que el exmandatario (2003-2010) estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación Lava Jato.

"Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible", afirmó, al definir el caso también conocido como "Petrolao" como "el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil".

Ahora el juez Sergio Moro deberá decidir si acepta la denuncia contra Lula, de 70 años.

Según Dallagnol, en esta causa Lula recibió 1,1 millones de dólares "en sobornos pagados disimuladamente".

De acuerdo con la acusación, OAS —una de las constructoras más grandes de Brasil— gastó unos 333.000 dólares en reformar y amueblar un apartamento de tres pisos en Guarujá (balneario en el litoral del estado de São Paulo) para uso de la familia de Lula, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad.

Los fiscales también acusaron a OAS de haber pagado unos 393.940 dólares por el alquiler del depósito en el que Lula guardó por cuatro años los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.

La esposa Lula, Marisa Leticia, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del tríplex.

El fiscal llamó al esquema de desvío de fondos hacia la política una "sobornocracia" diseñada para "perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad" del país.

En São Paulo, el abogado de Lula calificó esas denuncias de "farsescas", y dijo que la Fiscalía "se perdió en un deplorable espectáculo de verborragia" y aseguró que no existe "ninguna prueba" contra Lula ni contra su esposa.

En su presentación, Dallagnol citó un estudio de la Policía Federal que indicó que el "perjuicio total" ocasionado por el fraude podría llegar a los 12.700 millones de dólares.

Dallagnol negó que las acusaciones fuesen una persecución contra Lula o contra el PT. "No se está juzgando a Lula por quien es o quien fue como persona, ni se está juzgando a su Gobierno. Sólo se le está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas", afirmó. "Tampoco se está juzgando la ideología del PT sino si la formación se involucró o no en crímenes específicos", afirmó.

El "Petrolao" fue un sistema que operó durante una década en Petrobras, por el cual las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la compañía a cambio de contratos.

Las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre las agrupaciones políticas para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.

El escándalo fue el gran motor de las protestas contra el PT y el gobierno de Rousseff, destituida el mes pasado acusada de maquillar las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con Petrobras, pero plagado de menciones a la confabulación que le costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a la petrolera.

El escándalo de corrupción en Petrobras puso a decenas de legisladores bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellos algunos del PMDB de centro-derecha en el que milita el actual presidente Michel Temer.

En junio pasado se denunció en Brasil que el gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, habría recibido dinero para interceder ante el Gobierno uruguayo para que a la empresa OAS, implicada en el caso de corrupción en Petrobras, se le adjudicara la construcción de la planta regasificadora en Punta de Sayago. Esto reforzó el planteo del diputado Pablo Abdala de impulsar una comisión investigadora parlamentaria. "Hasta ahora teníamos rumores de las gestiones ante el Gobierno. Ahora los rumores son versiones que provienen del sistema judicial brasileño", dijo entonces Abdala a El País. El caso de la regasificadora ya está en la Justicia de Crimen Organizado. En agosto de 2015 la empresa uruguaya Costa Fortuna presentó una denuncia por estafa contra GNLS (encargada del desarrollo del proyecto de la regasificadora) y OAS. Costa Fortuna había sido subcontratada por OAS, y acusa a GNLS de montar "una maniobra meticulosa y sofisticada" para obtener millones de dólares.

Lula y el expresidente José Mujica mantiene una muy buena relación, al punto que el brasileño le hizo una confesión en 2010 que terminó por comprometerlo. Mujica se encargó de contarlo en el libro Una oveja negra al poder, de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. Lula le hizo referencia a Mujica sobre el "mensalao", el caso de pago de sobornos para la aprobación de leyes en el gobierno de Lula. Era "la única forma de gobernar Brasil", habría confesado Lula según Mujica. Además, agregó que debió "lidiar con muchas cosas inmorales, chantajes".

EMPETROLADOSAGENCIAS