Escuadrones de la muerte se suman a la violencia paulista

San Pablo | ANSA, THE ECONOMIST, LA NACIÓN/GDA

La contraofensiva lanzada contra la mafia prosiguió ayer con la muerte de al menos 10 sospechosos de delincuencia, mientras se multiplican la denuncias sobre operaciones parapoliciales en una ciudad bajo el terror que en seis días fue testigo de más de 150 muertes.

El temor retornó después que diversos atentados contra objetivos policiales durante la madrugada en diversas ciudades del estado dejaron un saldo no oficial de 10 atacantes muertos y ocho ómnibus incendiados, según informes de prensa.

La ola de violencia y motines carcelarios desatada el viernes por la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) dejaba hasta el miércoles -según datos oficiales- 155 muertos (93 sospechosos, 40 policías, 18 presos y cuatro transeúntes).

El gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, reiteró que la situación "está bajo control", pero hubo atentados en Campinas, Sao José de Rio Preto, Osasco, Guarulhos, San Pablo y otras ciudades.

En los últimos tres días las únicas víctimas fatales han sido "sospechosos" de integrar los grupos mafiosos, en tanto testigos dijeron que algunos de ellos fueron eliminados por encapuchados.

En medio del enfrentamiento, la supuesta aparición de "escuadrones de la muerte", con matanzas paralelas a la ofensiva oficial contra el crimen y no contabilizadas en el balance de los enfrentamientos, preocupa a la policía y a movimientos humanitarios.

El Primer Comando de la Capital ha venido ganando fuerza en los últimos años. Tomó el control del tráfico de drogas e infiltró los centros de detención juveniles. Parecería estar colonizando el bajo mundo, reemplazando la iniciativa individual con una empresa organizada, de acuerdo a Sergio Adorno del paulista Núcleo para el Estudio de la Violencia. Eso requiere la connivencia de las autoridades.

Tulio Kahn, del secretariado público de seguridad, dice que la estructura fluida del comando, se parece más a Al Qaeda que al riguroso escalafón de la mafia. Su principal jefe, Marcos Camacho, alias Marcola, que empezó su carrera criminal como arrebatador a los 9 años. está detenido desde 1999.

Precisamente, ayer el canal de televisión Bandeirantes difundió la grabación de una entrevista a un hombre que se identificó como Marcola, en la que desde la cárcel advirtió que su grupo está preparado "para mucho más".

En la grabación, el entrevistado dijo que la ofensiva fue ordenada por haberse ignorado reclamos en favor de los derechos de los presos. "Estamos preparados para mucho más, tenemos condiciones para mucho más", agregó.

La Secretaría de Administración Penitenciaria (SAP) repudió que el canal haya difundido "falsas" declaraciones y advirtió que emprenderá acciones legales. "Tenemos absoluta certeza de que Marcola no tiene acceso a ningún teléfono", dijo un vocero de la SAP, al recordar que Camacho está en régimen de aislamiento en el presidio.

En la grabación, Marcola justificó los ataques porque fueron lanzados para defender los derechos de los presos cuando "los medios legales" estuvieron agotados.

Bittencourt, que dirige las investigaciones contra el crimen organizado, se mostró sorprendido. "Todo ocurre. Lo normal es que no se hubiera realizado, pero también era normal que no se vendieran mis declaraciones", señaló.

El policía expuso en una sesión secreta de una comisión parlamentaria los planes para controlar las actividades clandestinas en las cárceles, pero la grabación de sus declaraciones fueron vendidas a la abogada de Marcola, según informó la propia comisión.

"Marcola" ordenó por celular la ola de ataques después de escuchar en su celda con su notebook esa reunión "confidencial" entre los jefes de policía y los diputados de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Narcotráfico en la que se definió su traslado a una prisión de máxima seguridad.

Para evitar el control a distancia de los capos mafiosos, la jerarquía carcelaria pretende bloquear los teléfonos celulares. Una medida que aún parece insuficiente.

Demanda

Al parecer, los reos recibieron los 60 televisores que exigían dentro de sus reivindicaciones