El fin de la propiedad privada en Venezuela

Comenzó el asalto a la propiedad privada en Venezuela. La excusa es la eliminación de las fábricas y los latifundios supuestamente improductivos. Como estas empresas no generan riqueza o puestos de trabajo con la intensidad que el Presidente desea, el gobierno las expropia. Una vez en manos del Estado, el señor Chávez, siempre bondadoso con las rentas del petróleo o los impuestos que pagan los venezolanos, les inyectará capital y las dotará con miles de trabajadores que devengarán sueldos copiosos. Esas empresas, naturalmente, perderán ingentes cantidades de dinero, pero para la mentalidad revolucionaria este es un dato insignificante. Las pérdidas serán enjugadas con abundante dinero público, mientras se creará una multitud de estómagos agradecidos que, presumiblemente, se sumará al bando revolucionario. Esa es, precisamente, la esencia del populismo.

La consecuencia económica de esta estupidez es el empobrecimiento colectivo de la sociedad. Mientras más empresas públicas pierden dinero, más pobre se va haciendo la sociedad que debe sostenerlas. ¿Por qué cree el señor Chávez que los países comunistas eran rematadamente miserables? Esos millares de empresas atestadas de trabajadores innecesarios, dirigidas por burócratas apáticos dedicados a repetir consignas políticas, inflexiblemente regidas por precios controlados, inevitablemente desembocaban en el desastre general. Eso se lo explicó paciente e inútilmente Ludwig von Mises a Lenin en un libro llamado Socialismo publicado en 1922, cuando la revolución bolchevique acababa de estrenarse.

No le hicieron caso. Pero no porque los comunistas no entendieran los razonamientos impecables del economista austriaco, sino porque la decisión de apoderarse de la propiedad privada era ideológica, no económica. Marx, que era un profeta iluminado, había asegurado que al cambiar el régimen de propiedad (la estructura) se modificarían la mentalidad social y las instituciones (la superestructura), dando lugar a la aparición del hombre nuevo, una virtuosa y solidaria criatura que construiría el paraíso sobre la tierra. A Lenin le importaba un rábano si todas las empresas se hundían: lo que quería era una masa de soviéticos obedientes para poner a prueba las disparatadas teorías de Marx, y, de paso, para gobernar despóticamente como el implacable autócrata que era.

Chávez, de la mano de Castro, su carísimo mentor, va exactamente por el mismo camino. Detrás del desmantelamiento del sistema de propiedad privada no está la búsqueda de la eficiencia económica sino del control político. Donde no hay propiedad privada es imposible la rebelión o la simple desobediencia civil. Donde el Estado es dueño de los medios de producción, la sociedad agacha servilmente la cabeza porque el gobierno le controla su modo de alimentarse, y porque cada empresa se convierte en un eslabón más de la cadena represiva. Eso explica que ninguna dictadura comunista desapareciera como consecuencia de una rebelión popular masiva. El ciudadano en manos del Estado es un ser indefenso. Los que recordamos con nitidez el proceso que condujo a la caída del Muro de Berlín lo sabemos de sobra: el comunismo colapsó cuando los alemanes comenzaron a correr hacia las fronteras y Gorbachov se negó a disparar. No corrían hacia los cuarteles a disputarles el poder a los militares, ni hacia las oficinas del Partido a enfrentarse a los funcionarios de la dictadura. Trataban de escapar, no de pelear, porque la experiencia, con la excepción de un puñado de heroicos disidentes, los había domesticado.

El objetivo de eliminar la propiedad privada en Venezuela es ese: comenzar la estabulación de la sociedad para poder someterla sin misericordia. Las instituciones se convertirán en establos. Los venezolanos serán controlados en su vecindario por los Círculos Bolivarianos y en las empresas trabajarán bajo el ojo atento e implacable del sindicato oficialista. Las familias, asustadas, se partirán en pedazos hostiles. El parlamento, a su vez, dictará las leyes necesarias para sujetarlos con una brida fuerte, mientras los tribunales, dóciles a la autoridad del Ejecutivo, serán implacables con cualquier trasgresión de unas normas deliberadamente vagas e imprecisas, de manera que las sanciones se puedan imponer de acuerdo con las necesidades coyunturales de la revolución. Cuando se haya cerrado el círculo del terror, no habrá prensa libre ni se oirán otras voces de protesta que los alaridos de las víctimas. Pero lo terrible será la indiferencia general ante estos hechos monstruosos. Así ha sido siempre.

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