PERÚ

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó ayer la legitimidad constitucional de su gobierno y descartó su renuncia, mientras que las fuerzas de seguridad aseguraron que retoman el control en el interior del país tras las protestas y violentos enfrentamientos que esta semana han dejado, al menos, 22 muertos y cientos de heridos.

“Estoy acá cumpliendo el orden constitucional y quiero trabajar con ustedes”, enfatizó durante una rueda de prensa realizada ayer, sábado, en la que agregó que no piensa renunciar, exigió al Congreso que apruebe el adelanto de elecciones y se declaró víctima del machismo de un sector de la población y la clase política peruana.

La presidenta anunció, además, que se desplazará junto a sus ministros a diversas regiones del país y que en los próximos días remodelará el gabinete que conformó hace una semana, tras reemplazar al destituido Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva luego de un fallido autogolpe de Estado.

“Quiero hacer llegar mis condolencias a las familias que han perdido a sus familiares en estos tiempos donde se ha generado una violencia innecesaria para el Perú entero”, señaló la presidenta.

Defendió, en ese sentido, que ella formó parte de la fórmula presidencial que ganó las elecciones de 2021 y recordó que hizo la campaña junto a Castillo: “Caminamos juntos buscando el voto y la confianza del pueblo peruano”.

“Yo no soy diferente a esa elección de 2021, entonces no entiendo por qué la violencia en las calles, yo no busqué estar acá, protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo”, enfatizó.

En ese contexto, Boluarte aseguró que hay machismo detrás de las protestas que piden su renuncia al cargo y se preguntó si eso pasa por ser la primera mujer que ha asumido la presidencia en 201 años de historia republicana de Perú.

“¿Acaso no hay derecho de que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone?”, sostuvo antes de decir que quiere “abrazar a todas las mujeres del Perú” para que trabajen “contra esa violencia machista” que considera que padece el país.

Rechazó, en ese sentido, “la venganza de algunos líderes políticos que dicen que renuncie como presidenta” y pidió a sus compatriotas que cese “la violencia contra la mujer” y la dejen “trabajar en paz, en calma” para no liderar “un gobierno de palabras”, sino de hechos.

En su prolongada presentación ante la prensa, que comenzó con una hora de retraso y en la que también expusieron ministros y jefes militares, Boluarte exigió al Congreso que apruebe la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales y enfatizó que no va a renunciar al cargo.

“Señores congresistas, exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones, no vengan con pretextos inoficiosos, pretendiendo quedarse hasta el 2026”, enfatizó Boluarte en referencia a una votación del pleno que el pasado viernes rechazó una propuesta para adelantar las elecciones para diciembre de 2023.

Sostuvo que “de iniciativa propia” el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de adelanto de elecciones en medio de la grave crisis que agita al país, con manifestaciones que piden su renuncia, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios. “Nadie quiere quedarse en el poder (...) es el Congreso el que tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones”, reiteró.

La presidenta también anunció que mañana, lunes, visitará una zona populosa de la región Ica, al sur de Lima, para entregar títulos de propiedad a los ciudadanos, quienes también han participado en las protestas.

Además, la presidenta le preguntó a los “grupos conflictivos” que participan en las manifestaciones violentas “¿qué propósito tienen cerrando aeropuertos, dejándolos inutilizados, quemando comisarías, instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía?”.

“Esas no son marchas pacíficas, no son reivindicaciones sociales”, acotó Boluarte antes de añadir que las Fuerzas Armadas “han salido” a las calles “para poder cuidar” a los ciudadanos y los bienes públicos y privados.

Boluarte dijo, además, que va a recomponer el gabinete de ministros, que preside Pedro Angulo, “para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana”, aunque sin dar más detalles sobre los cambios que se harán.

Dos de los ministros -de Educación y Cultura- renunciaron en rechazo a las muertes acaecidas en las últimas semanas.

Tras los violentos enfrentamientos que dejaron al menos 22 muertos desde el domingo pasado, las fuerzas de seguridad informaron ayer, sábado, que han retomado el control de la mayoría de carreteras, aeropuertos e infraestructura estratégica del país.

Por su parte, en la región de Ayacucho hubo manifestaciones pacíficas como parte de los funerales de las 8 personas que murieron el jueves, en los enfrentamientos que se produjeron en el primer día del estado de emergencia decretado a nivel nacional por el Gobierno.

“Solo entre la calma, la cordialidad y el diálogo sincero y abierto, podremos trabajar (...) ¿Cómo vamos a pelearnos entre peruanos, malograr nuestras instituciones, bloquear carreteras?”, consideró la presidenta.

Boluarte explicó que, si las Fuerzas Armadas salieron a las calles, “ha sido para cuidar y proteger” a los ciudadanos “porque se venía desbordando esta situación (en referencia a las protestas)” con “grupos violentos”.

“Estos grupos no han salido de la noche a la mañana, tenían organizado tácticamente bloquear carreteras”, agregó.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió una investigación penal, debido a los reportes de disparos directos al cuerpo por parte de militares. Entre las víctimas hay menores de edad.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) condenó lo que denominó como “brutal” represión al pueblo peruano, ante la crisis política desatada, en un comunicado difundido ayer.

Expresó “su respaldo y solidaridad con la lucha que, en las calles de departamentos como Ayacucho, Apurímac y muchos otros, llevan adelante hermanas y hermanos del sector popular, campesino, obrero, estudiantil, indígena y los sectores más empobrecidos”. Respaldó la plataforma de reclamaciones de los sectores que protestan como “el rechazo al golpe de Estado y la usurpación del poder por parte de Dina Boularte” y “la brutal represión de las fuerzas policiales y militares contra el pueblo movilizado”. Asimismo, respaldó “la exigencia de cierre del Congreso Nacional y la instalación de una Asamblea Constituyente, así como la liberación de Pedro Castillo”.

“Como Confeniae, nos sumamos al repudio mundial a la brutal represión contra centenares y miles de jóvenes, mujeres, estudiantes, campesinos, trabajadores, indígenas y el pueblo en las calles por parte de las FFAA que hasta el momento deja la condenable cifra de 22 personas fallecidas”.

Las manifestaciones estallaron luego que Castillo intentara dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse. La justicia decidió el jueves que permanecerá preso 18 meses, hasta junio de 2024, para ser investigado por rebelión.

La Policía y la Fiscalía de Perú intervinieron ayer el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP), donde también se encuentran los del partido izquierdista Nuevo Perú y Partido Socialista, en los que se alojan decenas de personas que llegaron a Lima para participar en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

Agentes de la Policía Nacional ingresaron junto con 8 fiscales al edificio ubicado en el centro histórico de Lima, donde encontraron a numerosas personas alojadas, además de carteles, pancartas y objetos como hondas, machetes y pasamontañas, según señalaron jefes policiales. El ministro del Interior, César Cervantes, dijo que su sector actúa basado “en un principio democrático” y que lo encontrado se pondrá a disposición del Ministerio Público.

Las personas que estaban en el lugar negaron por redes sociales tener conocimiento de la presencia de esos objetos y exigieron que las autoridades investiguen su procedencia.

El edificio en el que se encuentran la CCP y los partidos fue rodeado por decenas de agentes policiales, cuando se cumple el tercer día del estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno tras las marchas y manifestaciones violentas.

Tras conocerse el allanamiento del local campesino, el asesor de la CCP Francisco Tello declaró que llegó junto a otros dirigentes hasta el lugar para “repudiar este atropello del gobierno de la señora Dina Boluarte”.

“El día de hoy ha mandado a sus esbirros para poder, después de muchísimos años, desde la dictadura de Fujimori, atropellar nuestro local. ¿Cuál es la acusación que hace?, que simplemente los campesinos que han venido a protestar por el cierre del Congreso estarían armados”, señaló. Tello dijo que las fuerzas de seguridad “siempre han sembrado” a los campesinos y aseguró que “este atropello no pasará”, pidió la renuncia de Boluarte y de la fiscal general, Patricia Benavides, y que se llame a elecciones generales.

El partido Nuevo Perú también lanzó una alerta en redes sociales y denunció “el intento de allanamiento”, en el que, según dijo, “se encuentran alojados hermanos y hermanas que han llegado a protestar pacífica y legítimamente”.

Tras conocerse la información sobre el allanamiento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió “una explicación” del Ministerio del Interior y enfatizó que “la protesta pacífica es un derecho”.