Según el padrón publicado ayer en España, hay 86.601 uruguayos viviendo en aquel país (44.314 hombres y 42.287 mujeres). De ellos, 25.761 ya tienen la ciudadanía española. De acuerdo con distintas fuentes, los uruguayos ilegales son entre 10 mil y 15 mil. Estos son los pasibles de verse afectados por la "Directiva de Retorno" en este país.
Para Daniel Caserta, Presidente de la Casa Uruguay en Madrid, la medida europea tiene por objeto sembrar el "miedo" entre quienes tienen pensado emigrar a Europa. "Lo más peligroso de esta normativa es que más de 10.000 uruguayos serán enviados a la cárcel por el único delito de buscar trabajo", se lamentó.
La misma preocupación que mantiene en vilo a los compatriotas en España fue la que motivó que el Senado uruguayo aprobara el martes, por unanimidad, una declaración en rechazo a la "Directiva Retorno". Los legisladores aseguraron que la normativa viola los derechos humanos básicos y, en particular, el derecho a la libre circulación internacional. Las organizaciones que nuclean uruguayos en ese país se mostraron contentos con esta medida.
Por su parte, la Federación de Asociaciones y Casas de Uruguayos en España convocó para hoy a las 19 (hora española) a una concentración en la plaza de Jacinto Benavente, en el centro de Madrid. Según Juan González, portavoz de esa federación y presidente de la Coordinadora de Trabajadores Inmigrantes Uruguayos, se espera que asistan decenas de miles de compatriotas e inmigrantes de otros países, con dos consignas: "No a la Directiva Retorno" y "Sí al cierre de los centros de reclusión de extranjeros".
Consultado por El País, González afirmó que el mayor temor que existe ante la decisión europea es que, en los cinco años durante los cuales los inmigrantes expulsados no puedan reingresar en Europa, se modifiquen las formas de contratación vigentes actualmente.
Aunque el gobierno español sostuvo que los plazos de detención fijados por la nueva ley no se aplicarán en España, González dijo que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ya anunció que se duplicará el tiempo de permanencia de los ilegales en los centros de detención.
Rómulo Correa, presidente de la Asociación de Uruguayos en Cataluña, sostiene que el trasfondo de esta ley culpabiliza a los inmigrantes de la actual situación económica.