Denuncian impunidad y violencia en Latinoamérica

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LONDRES | AP, AFP Y ANSA

Retrocesos en la defensa de los derechos humanos, desigualdades sociales, agresiones a periodistas y hacinamientos carcelarios son algunas de las denuncias que hizo Amnistía Internacional (AI) sobre América Latina en su informe 2009, que también destacó avances.

En Argentina hubo avances en el procesamiento de los violadores a los derechos humanos cometidas en el pasado, pero "también se produjeron algunos retrocesos", como el "uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y conflictos sobre tierras" por parte de policías, según el informe de AI que registró una situación similar en Chile. En Uruguay en tanto la organización dio cuenta de "avances" en el procesamiento a quienes violaron derechos humanos, pero advirtió que "se acusó a varios periodistas de difamación por informar sobre la impunidad de la que gozaban algunos autores de violaciones de derechos humanos". En Brasil el problema radica en "las grandes diferencias" entre quienes gozan los derechos humanos y quienes no y la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, sostuvo AI.

La organización que defiende los derechos humanos advirtió en el informe, que será divulgado hoy, sobre los efectos que la crisis internacional tendrá en la región. "La crisis económica está sólo en estado de desarrollo, y su impacto va a ser mayor en unos años", declaró Javier Zúñiga, uno de los responsables de Amnistía Internacional para América Latina. "Estamos hablando de una bomba de tiempo", advirtió el especialista, subrayando que el impacto de la crisis profundizará "la dramática situación" de los derechos económicos, civiles y políticos en la región.

Judith Arenas, que elaboró también el informe sobre América Latina, coincidió que el impacto de la crisis se sentirá durante muchos años en la región, golpeando en particular a los sectores más vulnerables: las comunidades indígenas, rurales, las mujeres. "Por ejemplo, las remesas, que en algunos países latinoamericanos es el primer rubro de la economía, ya disminuyeron, a causa de la desaceleración económica en Estados Unidos, lo que ha repercutido en recortes de los pocos programas sociales que había", señaló Arenas. "Y en Centroamérica, la violencia de las maras ha aumentado, a raíz del aumento de las deportaciones, estimuladas por el desempleo acentuado por la crisis", añadió.

"Unos 70 millones de personas viven en la región con menos de un dólar al día. Y eso claro que crea tensiones", señaló Zúñiga, agregando que la crisis ha generado un incremento del número de personas privadas de salud y educación. "Lo más indignante de todo esto", se quejó Zúñiga, "fue comprobar cómo cuando se desencadenó la crisis del sector bancario y financiero, los gobiernos, llenos de pánico, destaparon trillones de dólares para salvarlos, sin echar una mirada a la parte baja de la pirámide social, que sigue sufriendo".

En su informe, AI denunció también que la "impunidad cotidiana" sigue caracterizando a la región, además de los abusos y la violencia endémica. "En todos los países la policía sigue haciendo arrestos arbitrarios, en muchos hay ejecuciones extrajudiciales, y en Colombia sigue habiendo desapariciones forzadas", subrayó Arenas. Según el informe en Colombia el conflicto armado "sigue afectando a centenares de miles de personas, principalmente a la población civil, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes" y todas las partes implicadas -fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros- fueron responsables de "abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario". AI también denunció a México por "graves violaciones de derechos humanos" por parte de miembros de las fuerzas armadas y de la policía, que incluyen homicidios, uso excesivo de la fuerza, tortura y detenciones arbitrarias.

El informe subraya que, sin embargo, hubo progresos en la región, como la condena del ex presidente peruano Alberto Fujimori y victorias de campesinos que recuperaron sus derechos en Brasil y en Paraguay.

Sobre la inmigración, Amnistía Internacional dice que se detectó en Europa "la práctica sistemática de violaciones de derechos humanos asociadas a la interceptación, detención y expulsión de ciudadanos extranjeros por parte de los estados, incluso en el caso de personas que buscaban protección internacional". El informe también criticó la directiva de la UE relativa a la devolución de los emigrantes irregulares.