El proceso político abierto a raíz de las protestas de 2019 y la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad están durando más de lo previsto en Chile, que encara el domingo sus segundas elecciones constituyentes en dos años tras el abrumador rechazo a la primera propuesta de nueva Constitución.

Desde que varias estaciones del metro de Santiago ardieran el 18 de octubre de 2019 hasta los comicios del domingo, cuando los chilenos elegirán a los 50 consejeros que escribirán un nuevo texto constitucional, han pasado tres años y siete meses.

Entre medio, 1,5 millones de personas pidieron más derechos sociales el 25 de octubre de 2019 en la marcha más multitudinaria desde el fin de la dictadura; el mundo vivió su primera pandemia en un siglo; y el 80% de los chilenos optó en un plebiscito por sustituir la Constitución actual, heredada del régimen (1973-1990) y reformada en democracia.

Durante este tiempo, también llegó a La Moneda una nueva generación de jóvenes liderados por Gabriel Boric, el presidente más izquierdista desde Salvador Allende; y una convención constituyente, con mayoría de ciudadanos independientes y progresistas, fue elegida en las urnas.

A la par que elaboraba una propuesta de Carta Magna refundacional, la convención lidiaba con polémicas protagonizadas por algunos de sus miembros (un convencional fingió cáncer y otro votó desde la ducha) y una desaprobación cada vez mayor de la sociedad, que puso en ella grandes expectativas de cambio.

El texto terminó fracasando en septiembre en otro referéndum y, tres meses después, la clase política acordó convocar otro proceso, pero con características muy distintas.

Una de las principales novedades de este proceso es la existencia de un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento, que tiene como misión redactar un borrador que sirva de base a los consejeros elegidos el domingo en las urnas. Los consejeros tendrán cinco meses para hacerle modificaciones y la ciudadanía votará la propuesta final el 17 de diciembre.

Los críticos consideran que este proceso está “tutelado” y que los consejeros van a tener poco margen de maniobra porque, además, tienen que cumplir 12 principios institucionales acordados previamente por los partidos, que impedirían un texto refundacional.

Entre esos puntos se encuentran la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derechos”, el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la “nación chilena” y el sistema bicameral.

“Hay muy poco interés y se va a reflejar en la participación. Va ser más baja que en el plebiscito de septiembre, que fue histórica, solo comparable con la votación de 1988 contra Pinochet”, indicó a EFE René Jara, de la Universidad de Santiago de Chile.

La mayoría de las encuestas apuntan a que la derecha será esta vez la gran ganadora de los comicios, aunque aún está por verse el resultado que consigue el ultraderechista Partido Republicano, que no tuvo convencionales en el proceso anterior y defiende la actual Carta Magna, de tendencia neoliberal y promotora de la privatización de servicios básicos.

Para Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, la principal causa de que Chile esté tardando más de la cuenta en resolver el problema constitucional radica en un error que se cometió hace cuatro años: interpretar las protestas de 2019 como un movimiento y de izquierdas, “cuando en realidad no fue así”.

Con información de EFE