Los gobiernos latinoamericanos confían en alcanzar un consenso sobre un modelo de desarrollo sustentable para el mundo en las próximas dos décadas cuando gobernantes de más de un centenar de países se congreguen esta semana en Brasil en la cumbre Río+20, pese a la amenaza de un fracaso por disputas entre las naciones ricas y pobres.
La cita de gobernantes, celebrada 20 años después de la histórica cumbre Eco 92 que puso el desarrollo sustentable en la agenda de los países, aspira a renovar los compromisos de aquella cita y preparar el terreno para nuevas metas para las próximas décadas.
Pero a pocos días de la fase presidencial de la cita, del 20 al 22 de junio, el documento final titulado "El futuro que queremos" tiene menos de 20% de consenso mientras el resto del texto presenta objeciones de diversos países.
Con la presencia de más de 50.000 personas entre autoridades de gobiernos, activistas, indígenas y empresarios, entre otros, Río+20 se perfila como la mayor conferencia organizada por las Naciones Unidas en su historia.
Persisten las discrepancias en torno al financiamiento necesario para la ejecución de las metas de desarrollo sustentable, que apuntan a aliviar la pobreza, mejorar las condiciones de salud, educación y adoptar formas de producción ambientalmente sanas.
"La ejecución (de las metas) es siempre un tema crucial, especialmente en un momento que los donadores tradicionales atraviesan dificultades financieras y económicas y por lo tanto están menos dispuesto a cumplir compromisos", comentó a periodistas el negociador brasileño en la cita, Luiz Alberto Figueiredo, en una referencia a los países industrializados golpeados por la crisis global.
Destacó que los países latinoamericanos junto con otros integrantes del Grupo de los 77 países en desarrollo propusieron crear un fondo de desarrollo sustentable con contribuciones por un total de 30.000 millones de dólares por año y esa iniciativa está dentro de las negociaciones.
ORGANIZACIÓN. Entre las iniciativas también está la reforma del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para darle más poderes de acción en la futura agenda ambiental o bien crear una institución nueva con otras atribuciones.
En este tema, el director de Ambiente de la cancillería ecuatoriana, Daniel Ortega, se pronunció por una acción colectiva capaz de atacar los problemas ambientales internacionales y al mismo tiempo conducir la adopción de un modelo de desarrollo sustentable.
Defendió "una gobernanza que no sólo ponga orden y coherencia en todas las organizaciones internacionales, sino que nos permita avanzar en la toma de decisiones precisas para dar solución a los problemas que nos agobian: cambio climático, pérdida de biodiversidad y desertificación".
En ese sentido, Guatemala se pronunció por el fortalecimiento de la institucionalidad actual en lugar de crear un organismo nuevo, según un correo electrónico enviado a The Associated Press por la oficina de prensa del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del país centroamericano.
En el centro del modelo de desarrollo sustentable, los negociadores discuten el concepto de "economía verde", que incorpora disposiciones de protección al medio ambiente dentro de los sistemas productivos. Ejemplos de políticas de economía verde son la restricción de otorgar créditos públicos a empresas depredadoras de la naturaleza o que los gobiernos den prioridad en sus compras a productos elaborados con respeto al medio ambiente.
No obstante, el canciller chileno Alfredo Moreno escribió en un artículo publicado en el El Mercurio que ese modelo no debe servir para bloquear el comercio o poner imposiciones a países en desarrollo.
"Chile ha sido enfático en señalar que (la economía verde) no debe permitir barreras al comercio ni la imposición de condiciones en materia de ayuda a las naciones en desarrollo. Por el contrario, debe transformarse en una oportunidad para profundizar la integración económica, aumentar la cooperación y transferencia tecnológica y reducir presiones sobre los recursos naturales del planeta", escribió Moreno.
Igualmente, Guatemala pidió que la economía verde "no sea vista como un proceso que favorezca inversiones internacionales en desmedro de los procesos productivos nacionales", según el Ministerio.
Por su parte, el ecuatoriano Ortega defendió el derecho de cada estado de definir el modelo de desarrollo sustentable que pretende seguir, en lugar de adoptar un modelo trazado desde arriba como una norma.
En ese sentido, el secretario brasileño de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Carlos Marcio Cozendey, admitió la dificultad de alcanzar metas de desarrollo sustentable debido a las particularidades de las economías en los países industrializados y en desarrollo. En su lugar, adelantó que la cumbre podría concluir con metas genéricas sin intentar fijar metas comunes para todos los países.
Aún así, representantes latinoamericanos manifestaron su confianza en que la cita tendrá resultados concretos con un impacto positivo para el futuro del planeta. "Vamos con toda la buena voluntad y estamos llenos de expectativas y esperanzas de que vamos a alcanzar resultados concretos y hacer de Río+20 un hito histórico. Sin embargo, reconocemos que las negociaciones atraviesan una etapa muy frágil que refleja la crisis del sistema multilateral", manifestó Ortega.
LA CONTAMINACÍÓN MÁS VIOLENTA. Por otra parte, miembros de la ONU Río+20, alertaron el jueves sobre uno de los aspectos más violentos y a veces poco conocidos de la contaminación en el planeta: la provocada por las armas de fuego y municiones no detonadas abandonadas en los conflictos.
Las municiones no detonadas y el armamento abandonado matan y hieren a las personas en el campo y las ciudades de decenas de países que atravesaron por conflictos, y también son violentas con el medio ambiente: contaminan el suelo y el agua, destruyen la fauna y la flora y dificultan el uso sostenible de los recursos naturales, denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La contaminación es uno de los gravísimos problemas que afectan al planeta y que acapara la atención de los gobiernos reunidos desde el miércoles en la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible del planeta.
La contaminación por explosivos y municiones "no sólo es una amenaza permanente a la seguridad de poblaciones enteras, también impide el acceso a las tierras cultivables, al agua y a los alimentos", advirtió Gabriel Valladares, asesor jurídico de la Cruz Roja para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en declaraciones a la prensa.
La Cruz Roja denunció que este es un problema que afecta al 40% de los países donde está presente con sus acciones. Las armas, explosivos caseros o industriales, minas y municiones quedan abandonadas en el terreno durante décadas tras los conflictos.
En Libia, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja destruyó o neutralizó más de 6.500 artefactos desde 2011, un problema que todavía hoy impide a muchos retornar a sus casas y atrasa la reconstrucción del país.
En 2011, el CICR realizó actividades preventivas contra las minas en más de veinte países, de Azerbayán y Bosnia a Camboya, Costa de Marfil, Eritrea, Irak y Nepal. En Sudamérica el problema más grande ocurre en Colombia, en conflicto desde hace décadas.
"La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones del derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado", expresa uno de los principios de la Agenda 21 aprobada en esa histórica cumbre Conferencia de la Tierra en 1992.
OTRO RECLAMO. La organización ecologista Greenpeace presentó en la sede de los debates previos a la cumbre, un documento con propuestas para la preservación de los océanos: incluye pedidos para crear herramientas mundiales para la protección de la biodiversidad en alta mar.
Las aguas internacionales representan el 64% de los océanos y no pertenecen a ningún país
"Río+20 debe ser el inicio de un camino largo, esperamos que pueda destrabar al bloque que impide las negociaciones, como Noruega, Estados Unidos, Japón y Canadá", dijo Richard Page, de Greenpeace.
Para el especialista José Eli da Veiga, profesor del Instituto de Pesquisas Ecológicas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, la discusión de los océanos "llega 40 años tarde". Y, de todos modos ahora, tampoco se sabe si llegará a buen puerto.
Para el especialista José Eli da Veiga, profesor del Instituto de Pesquisas Ecológicas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, la discusión de los océanos "llega 40 años tarde".
CUARENTA AÑOS DE DIÁLOGO
Estocolmo
Se realizó en 1972. Formalmente se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Resultó en tres conjuntos de decisiones, incluida una lista de 109 recomendaciones para prevenir la degradación ambiental. Se implementó el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA). Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales y marcó un hito en el tratamiento de estos temas. Participaron 113 países, 19 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Algunos expertos sostienen que esta conferencia internacional tuvo fuerte influencia en la política ambiental de la Unión Europea.
Brundtland
Fue en 1987. Se llamó así por su directora, Gro Harlem Brundtland. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU publicó un gran informe socio-económico, Nuestro Futuro Común, que advirtió que el ecosistema tiene una habilidad limitada para regenerarse y vinculó el uso sostenible del medio ambiente con la erradicación de la pobreza. En este documento se trató por primera vez el tema del "desarrollo sostenible", aquel que satisface las necesidades sin afectar negativamente a las generaciones futuras. Se habló de dos tipos de restricciones para asegurar un futuro saludable para el planeta: las morales (niveles de consumo) y las ecológicas (conservación).
De la tierra
La cumbre se realizó en el año 1992. En la euforia de la post Guerra Fría, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se desarrolló en Río de Janeiro -al igual de la que se realizará a partir del martes de esta semana- reunió a más de 100 jefes de Estado y de Gobierno, representando a 178 naciones, y a otros 17.000 participantes. Los logros fueron un programa de acción de 40 capítulos llamado Agenda 21; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés); la Convención sobre Biodiversidad Biológica (CBD) y la Convención para Combatir la Desertificación (UNCCD). Los ejes centrales de discusión fueron: el escrutinio sistemático de patrones de producción; las fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, vinculados al cambio climático global; el apoyo al transporte público para reducir las emisiones de los vehículos, la congestión en las ciudades y los problemas de salud; y la creciente escasez de agua que padece el planeta.
Sustentable
La Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sustentable se hizo en 2002. Realizada en Johannesburgo, fue una revisión a los 10 años de la Cumbre de la Tierra, y reunió a más de 21.000 participantes de 121 países. La cumbre produjo una declaración que reafirmó compromisos y destacó los desafíos por delante, pero no lanzó nuevas iniciativas. Su objetivo era revigorizar, al nivel político más alto, el compromiso mundial con la asociación Norte-Sur para acelerar la aplicación del Programa 21. Los ejes de discusión fueron la gestión de recursos naturales, las necesidades de consumo y la falta de acceso al agua. Uno de los objetivos a realizar antes del año 2015 fue la reducción de la población sin acceso al saneamiento para las aguas residuales. La energía fue uno de los temas más polémicos que se discutió en esta reunión de líderes internacionales. A diferencia de las principales potencias, las energías renovables y sus usos no son accesibles para los países menos desarrollados. La producción agrícola y la biodiversidad de las especies también estuvieron sobre la mesa en esta cumbre.