ARGENTINA

Caso Vicentin: claves para entender la intervención y expropiación del gobierno argentino

Vecinos de donde nació la empresa se movilizaron para rechazar la expropiación y plantearon que el gobierno debe respectar el concurso de acreedores de la empresa agroexportadora.

Alberto Fernández mantuvo el cepo al dólar de Mauricio Macri y le agregó un impuesto. Foto: Presidencia argentina
Foto: Presidencia argentina

Vicentin es el tema del momento por fuera del coronavirus en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández anunció esta semana que expropiará la empresa cerealera agroexportadora Vicentin, que estaba en concurso preventivo por una deuda de US$ 1.350 millones, donde el Banco Nación es su principal acreedor individual con más de $18.000 millones prestados en prefinanciación de ventas al exterior.

El hecho desató críticas de quienes podrían haberse descontado como aliados y respaldos inesperados.

Fernández dijo que la intervención de Vicentin es "un caso excepcional" y es "legal". "Estoy rescatando una empresa", subrayó. "La misma ley permite que ingrese el Estado en este caso para garantizarse la administración de la empresa", explicó e insistió que la medida es "estratégica" y "favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria".

El ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno explicó que "no es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún si está en convocatoria de acreedores". Y hoy añadió: "El Presidente no se puede olvidar que Vicentin está en convocatoria de acreedores. Humildemente digo que por algo todavía no está publicado el decreto".

El gobierno prevé publicar un decreto de necesidad y urgencia (DNI), en el que nombrará a Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner, como interventor. A la par, enviará un proyecto de ley de expropiación. La suerte de la sanción de la ley para expropiar la empresa Vicentin recaerá enteramente en la Cámara de Diputados donde se tejen alianzas para conseguir el visto bueno. En el Senado, se descuenta que la mayoría oficialista aprobará la iniciativa.

Tras la decisión de Fernández, vecinos de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, donde están las oficinas de la empresa, salieron a manifestarse con un fuerte bocinazo en contra de la decisión. Después del bocinazo, muchos vecinos se movilizaron hasta un hotel donde suspuestamente estaban integrantes de una delegación de funcionarios ligados con la intervención. "Vicentin es una empresa que se siente como propia y la gente quiere que se siga la democracia, que se siga el concurso de acreedores como se venía haciendo porque la ciudad es una ciudad es muy democrática y entiende de esas cuestiones", opinó Adrián Vénica, un vecino que formó parte de la marcha. Marina Masat, otra manifestante acotó: "Si bien Fernández en un primer momento se diferenció de Cristina (Kirchner), los objetivos terminan siendo los mismos en su sistema político de avanzar sobre la propiedad privada".

La semana pasada, un grupo de intelectuales y dirigentes políticos de centro izquierda habían pedido que Vicentin se transformara en una empresa pública no estatal, argumentando que la Argentina "necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos". Rubén Giustiniani, uno de los diputados provinciales firmantes del documento, consideró que "sería importante buscar el camino de una empresa pública no estatal. Tendrían un rol clave las cooperativas para gestionarla porque conocen perfectamente el negocio y pueden manejarlo con idoneidad. La idea que sea no estatal es para no comprarse un muerto con una deuda de 1350 millones de dólares ", subrayó el legislador.El legislador explicó que "no hay que permitir que una quiebra deje a los trabajadores en la calle, que el Banco Nación no cobre los 300 millones de dólares que prestó (para prefinanciar exportaciones) y que se termine de extranjerizar el comercio de granos que es fundamental para el país".

Según explicó Fernández, los activos de la empresa pasarán a un fondo fiduciario que se manejará desde YPF Agro, la división agro de la petrolera estatal que vende agroquímicos y fertilizantes, entre otros insumos para el sector.

¿Cuál es la situación de la empresa?

En diciembre pasado, días antes del cambio de Gobierno, Vicentin anunció la cesación de pagos a productores por unos US$350 millones . Lo hizo argumentando "estrés financiero", entre otros motivos, tras inversiones por US$900 millones. La caída de la firma se dio, además, mientras tomó fuertes compromisos por la entrega de mercadería de productores en un momento donde se especulaba con la suba de las retenciones.

Luego se conoció que la deuda de la empresa era mucho más. Allí pasó a conocerse el préstamo equivalente a $18.000 millones del Banco Nación para prefinanciar exportaciones y otros US$650 millones de bancos internacionales.

En febrero pasado, la firma solicitó la apertura de su concurso de acreedores. Presentó una nómina de más de 2600 acreedores por una suma denunciada total de $99.345.263.086,50.

Más allá del cimbronazo que tuvo sobre fin de 2019, la firma ha mostrado una buena perfomance. El año pasado fue la cuarta exportadora en general del sector y primera en subproductos y aceites. Vendió al exterior 2,6 millones de toneladas en granos, 5,9 millones de toneladas en subproductos y 1,4 millones de toneladas en aceites.

Entre 2017 y 2019, esto es con harina, aceite, trading, biodiésel (a través de una sociedad), sus ventas aumentaron 12%. Pasaron de 2832,5 millones de dólares a US$3173 millones. Mientras tanto, considerando otras actividades logró aumentar sus ventas de más de US$3500 millones en 2017 a unos US$4200 millones el año pasado. El grupo Vicentin también está en el negocio frigorífico, en una algodonera y en la exportación de miel.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados