Berlusconi al banquillo por prostitución de menores

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Silvio Berlusconi tiene desde ayer otra cita marcada con la justicia. Será (si nada lo impide) el próximo 6 de abril, a las 9:30 de la mañana, en el Tribunal de Milán. La juez Cristina di Censo ha dictaminado que el primer ministro debe ser procesado.

Los delitos que pondrán al premier italiano en el banquillo son los de cohecho y prostitución de menores, tal y como solicitaban los fiscales que han instruido el caso Ruby, el apodo de la joven marroquí Karima El Maghour que según la acusación visitó una decena de veces a Berlusconi en su casa de Arcore (al Norte de Milán) cuando era todavía menor de edad.

En su dictamen, la GIP (siglas de Juez para la Investigación Preliminar), fijó además que la primera audiencia se celebre en la 4ª Sección Penal del Tribunal de Milán, lo que implica que el colegio que juzgará a Berlusconi, de 74 años, estará formado por tres mujeres: Carmen D`Elia, Orsola De Cristofaro y Giulia Turri. El primer ministro, que debía acudir a una rueda de prensa en Catania sobre la llegada de miles de inmigrantes tunecinos a Lampedusa, canceló y regresó de manera urgente a Roma.

La resolución de Di Censo confirma la tesis de los fiscales de que existen pruebas contra el magnate, que ahora tiene 15 días hábiles para decidir si prefiere optar a un procedimiento abreviado, que en caso de condena le concedería un descuento de un tercio de la pena.

La decisión de la magistrada milanesa suscitó reacciones. El portavoz del opositor Partido Democrático, Dario Franceschini, dijo que "Berlusconi debe acudir a defenderse ante los jueces como todas las personas que no tienen nada que esconder". Y añadió que Il Cavaliere "debe dimitir para evitar a su país el bochorno ante el mundo de tener un primer ministro procesado por prostitución de menores y cohecho".

Hasta 15 años. El delito de cohecho de funcionario público (concusión o abuso de poder) está penado en Italia con un máximo de 12 años de prisión, y el de prostitución de menores con un máximo de tres, por lo que Berlusconi arriesga una condena de hasta 15 años además de la interdicción definitiva para ocupar cargos públicos.

La primera reacción de los abogados de Berlusconi fue de aparente tranquilidad. "No nos esperábamos otra cosa", dijo Piero Longo, que forma junto a Niccolo Ghedini la defensa del político. El senador Longo añadió: "Estupendo, las señoras son siempre bien recibidas, y a veces, incluso, agradables".

La defensa tiene derecho a presentar alegaciones, entre ellas la que atañe a la competencia de los tribunales. Los letrados basarán su estrategia en sostener que la Fiscalía de Milán no es competente para juzgar al primer ministro, porque tal cometido le corresponde al tribunal de ministros.

El dictamen del juez relata que la Fiscalía acusó a Berlusconi de haber abusado de su cargo, al inducir a funcionarios de la Jefatura de Policía de Milán, la noche del 27 al 28 de mayo pasado, a entregar en custodia a Ruby a la diputada regional Nicole Minetti, y por haber tenido relaciones sexuales con la joven.

Según la resolución, las partes perjudicadas del proceso son la joven marroquí Ruby y los tres funcionarios de la policía de Milán que sufrieron el presunto abuso de poder por parte de Berlusconi cuando llamó a la jefatura para pedir que liberaran a la joven, que había sido detenida.

Oposición: Berlusconi "debe dimitir para evitar a su país el bochorno ante todo el mundo".

El magnate de las comunicaciones y jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi, quien será juzgado a partir de abril por prostitución de menores y abuso de funciones, tuvo encuentros con la justicia desde su entrada en política en 1993, pero nunca ha sido condenado de forma definitiva. Juzgado y condenado tres veces en primera instancia en 1997 y 1998 a seis años y cinco meses de prisión por corrupción, falso balance y financiación ilícita de partido político, Berlusconi acabó siendo absuelto o bien se benefició de la prescripción de estos delitos. Berlusconi tiene actualmente otros dos nuevos procesos pendientes: uno por corrupción de testigo (Mills) y otro por fraude fiscal en la adquisición de los derechos de retransmisión televisada (Mediaset). Además tiene un procedimiento abierto por abuso de confianza (Mediatrade). Los tres casos fueron congelados en la primavera boreal de 2010 tras la adopción de una ley que le otorgaba inmunidad penal durante 18 meses. Esta protección le fue parcialmente retirada el pasado 13 de enero: ahora debe justificar en cada ocasión que tiene un "impedimento legítimo" para ausentarse de las audiencias. El primer ministro deberá comparecer ante los jueces por el juicio contra Mediaset el 28 de febrero, mientras el 5 marzo se llevará a cabo la audiencia preliminar por el caso Mediatrade y el 11 de marzo por haber sobornado entre 1997 y 1998 con 600.000 dólares al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos contra él. AFP