VIOLENCIA ENTRE REJAS

Una nueva masacre se produjo ayer lunes en una prisión del norte de Brasil, donde 52 reclusos murieron en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan las rutas de la cocaína de esa estratégica región. Al menos 16 de los presos asesinados en la cárcel de Altamira, en el estado de Pará, fueron decapitados.

La rebelión empezó hacia las 7 de la mañana y concluyó cinco horas después.

“Fue un ataque localizado y orientado a exterminar integrantes de una facción rival. Entraron, mataron y prendieron fuego”, afirmó el secretario de la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (Susipe), Jarbas Vasconcelos.

Los enfrentamientos se iniciaron cuando dos personas detenidas en un ala reservada a los miembros de una de las facciones irrumpieron en la zona del grupo rival y desencadenaron un incendio, por lo cual es probable que muchos detenidos hayan muerto asfixiados.

De acuerdo a la Superintendencia, no había “informaciones o señales” por parte de los servicios de Inteligencia que indicasen “un posible conflicto” en el presidio.

Un video que circula en las redes sociales, reproducido igualmente por medios brasileños, muestra seis cabezas amontonadas junto a un muro; un prisionero hace rodar una con el pie, como si fuera una pelota de fútbol.

Otro video muestra cuerpos calcinados sobre un techo del que emana una espesa humareda oscura, mientras reclusos armados con machetes recorren el lugar.

La cárcel de Altamira tiene una capacidad para 200 presos, pero albergaba a más de 300.

La mayoría de los motines más mortales del mundo en los últimos años fueron en América Latina. En 2005, una pelea entre reclusos de la prisión dominicana de Higüey, a 150 km de Santo Domingo, terminó con un gigantesco incendio provocado por el fuego en los colchones. Murieron 135 personas.

En 1994, un motín dejó 121 muertos después de varias peleas y un incendio en la prisión de Sabaneta, en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela.

En 1992 murieron 111 prisioneros luego de que policías armados intervinieran en un motín en la prisión de Carandiru, en las afueras de San Pablo, entonces la más grande de América Latina.

En 1995, en el peor incidente fuera de Latinoamérica, las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a unos 100 presos en una cárcel de alta seguridad de Argel tras el intento de fuga de prisioneros fundamentalistas musulmanes.

Los motines son usuales en las cárceles abarrotadas de Brasil. A finales de mayo de 2019, en dos días se produjeron al menos 55 asesinatos en diferentes cárceles de estado de Amazonas, en el noroeste del país.

El 11 de abril de 2018, un intento de fuga de una cárcel en la ciudad norteña de Belem dejó al menos 21 muertos.

A principios de 2017, diversas peleas acabaron con la vida de 100 presos en un mes. Muchos de ellos fueron brutalmente asesinados: algunos decapitados y otros incluso destripados.

Además de Brasil, otros países en América Latina vivieron motines en los últimos meses.

El 25 de mayo de 2019 murieron al menos 29 presos en unos enfrentamientos en la cárcel de Acarigua, en el oeste de Venezuela.

En 2018, en uno de los peores motines de Venezuela, 68 personas murieron en un incendio en la cárcel de una comisaría en la ciudad norteña de Valencia.

En 2017, dos motines en México dejaron 16 muertos en Cadereyta, en el centro del país, y 28 en Acapulco, en el sur.

En agosto de 2017, hubo 37 víctimas en un centro de detención provisional en el estado venezolano del Amazonas, en el sur del país.

Bolsonaro metido en otra polémica

“Si quiere, le cuento cómo su papá desapareció”, dijo el presidente brasileño Jair Bolsonaro al referirse al padre de la máxima autoridad del colegio de abogados de Brasil (OAB), desaparecido desde 1974 durante la dictadura militar (1964-85).

Bolsonaro acusó al gremio de abogados de obstruir la investigación sobre la tentativa de asesinato que sufrió el año pasado cuando un individuo lo apuñaló en el abdomen y personalizó sus críticas en el presidente de la entidad, Felipe Santa Cruz.

“Un día si el presidente de la OAB quiere saber cómo su papá desapareció en el período militar, le cuento. No va a querer oír la verdad. Se lo cuento”, dijo el presidente.

Bolsonaro afirmó que Fernando Santa Cruz, padre del actual titular de la OAB, fue miembro de grupos de resistencia armada. “Su padre integró Acción Popular, el grupo más sanguinario y violento de la guerrilla de Pernambuco y vino a desaparecer en Río de Janeiro”, sostuvo. Poco después, dijo en un video colgado en Facebook que Fernando Santa Cruz murió en un ajuste de cuentas interno de la izquierda. “Es muy fácil culpar a los militares por todo lo que ocurre”, declaró Bolsonaro.

Fernando Santa Cruz era militante del movimiento estudiantil Acción Popular. Desapareció en 1974, cuando tenía 26 años, en Río de Janeiro. Su muerte fue atribuida al régimen militar por la Comisión de la Verdad que estudió durante tres años las denuncias sobre aquel período.

El mandatario “volvió a demostrar rasgos de carácter graves en un gobernante: la crueldad y la falta de empatía”, respondió en una nota Felipe Santa Cruz.

Amnistía Internacional pidió que Bolsonaro fuera juzgado por sus declaraciones.

“Es terrible que el hijo de un desaparecido por el régimen militar tenga que oír del presidente de Brasil, que debería ser el máximo defensor del respeto y de la justicia en el país, declaraciones tan duras”, dijo en un comunicado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía en Brasil.