Apretando el gatillo: un mundo en armas

JORGE ABBONDANZA

En Brasil, las fuerzas de seguridad cuentan con dos millones de armas de fuego, pero otros catorce millones están en manos de particulares y menos de la mitad de ese arsenal se encuentra debidamente registrado. Hay entonces ocho millones de revólveres y metralletas en la clandestinidad, categoría que abarca funciones múltiples, desde la defensa propia en casas de familia hasta el equipamiento de los pistoleros del narcotráfico.

La situación perturba a las autoridades porque 96 brasileños mueren diariamente abatidos por armas de fuego casi siempre ilegales, lo cual supone 35.440 personas por año asesinadas a balazos. A pesar de todo, en 2005 se realizó una consulta popular que proponía la prohibición total del comercio de armas, pero el 60% del electorado se opuso a la medida. Sin embargo, desde 2003 está vigente el Estatuto de Desarme, una ley que permite decomisar las armas no declaradas, aunque esa norma tiene escasa aplicación porque "no existe una fiscalización adecuada".

La tendencia de los civiles a tener un arma en casa se generaliza a medida que crecen la violencia y la inseguridad, aunque ese recurso también contribuye a robustecer la misma agresividad que pretende combatir. Armarse es de todos modos una opción comprensible cuando las fuerzas policiales no parecen capaces de neutralizar la ola de criminalidad, como sucede en el infierno de las favelas cariocas, en las villas de emergencia porteñas o en algunos barrios montevideanos, sin ir más lejos. Pero el cuadro de las sociedades armadas no se limita al tráfico encubierto entre particulares, porque los países también se dedican desde una cúpula oficial al abastecimiento de ese mercado, aunque lo hacen en una escala mayor.

La venta de armas figura entre los grandes negocios del mundo, con un volumen de rendimiento económico sólo comparable al tráfico de drogas o al de seres humanos (trabajadores clandestinos, inmigrantes sin papeles, prostitución). Comparte así una esfera de sordidez donde no existen escrúpulos: los gobiernos de China y de EE.UU., por ejemplo, se niegan a firmar cualquier acuerdo internacional para prohibir las minas anti-personas, porque son los principales fabricantes de tales artefactos, que como se sabe provocan la muerte (o la mutilación) de miles de víctimas por año. Países como Francia o Rusia no pueden permitirse el lujo de renunciar a su millonaria industria de las armas, que provee a compradores no siempre recomendables un surtido de misiles o aviones de combate que aseguran de paso muchas fuentes de trabajo en las plantas productoras.

Una masa de dinero que podría dar de comer a todos los indigentes del planeta, se gasta así en maquinaria bélica o pertrechos del crimen organizado. En lugar de empuñar la cuchara, el mundo prefiere apretar el gatillo.