Redacción El País
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, pidió ayer jueves al Poder Judicial que declare “la ilegalidad” del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, por realizar “actividades contrarias a los principios democráticos”.
La petición fue dirigida por Espinoza a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La denuncia se formalizó tras una demanda de una ciudadana en marzo de este año y se sustentó con información y presuntas pruebas recopiladas por la Fiscalía General, señaló la información.
En ese sentido, la fiscal general acusó a Fuerza Popular de una “vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales”, así como de promover “atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y la sociedad civil organizada”.
El documento sostuvo que existe una persecución hacia “estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión”.
También señaló que Fuerza Popular promueve la “exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia”. Además, lo acusó de exculpar “atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno” en Perú entre 1980 y 2000, que enfrentó al Estado contra Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); y legitimar “la violencia como método para la consecución de objetivos políticos”.
“En mérito a la conducta antidemocrática atribuida a la organización política Fuerza Popular”, pidió que se disponga la prohibición de Fuerza Popular y que se le excluya de la participación en las elecciones generales peruanas del próximo año.
Tras conocerse la información, Keiko Fujimori, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia de Perú tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, aseguró que se trata de un “pedido abiertamente antidemocrático” y una “cortina de humo” lanzada por la Fiscalía. EFE
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