Uso "excesivo" de internación de menores

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PABLO MELÉNDREZ

Un informe del Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, advierte que en algunos departamentos del país hay jueces que hacen "un uso excesivo" de la privación de libertad de los menores infractores.

El lunes 3 la Suprema Corte de Justicia emitió una circular dirigida a todos los jueces con competencia en materia de adolescentes infractores, a quienes adjuntó el estudio del Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente.

El documento explica que la internación de los adolescentes, según lo que prevé el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), debe ser la última alternativa a considerar por los magistrados, ya que se debe apostar a la rehabilitación de los jóvenes, a través de la integración social y la educación.

Sin embargo, en muchos casos los jueces ordenan la internación de los adolescentes "sin que aparezcan debidamente fundadas las razones por las cuales no se aplican otras sanciones no privativas de libertad", señala el informe.

El Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente fue creado en el marco de la aprobación del CNA en 2004, y está integrado por representantes de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y organizaciones civiles.

El informe señala que en función de las estadísticas del Poder Judicial "no se estaría cumpliendo el carácter excepcionalísimo" de la privación de libertad de los menores.

En tal sentido, el estudio menciona cifras de 2008, cuando se dispuso la internación del 82,2% de 547 adolescentes a los que se le inició procedimiento judicial ese año. Esa situación, según el informe, implica una violación del "principio de excepcionabilidad de la privación de libertad".

Ante ello, a criterio del Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, se requiere que los magistrados fundamenten de mejor forma sus decisiones, y también que apliquen "otra medida cautelar que no sea mayoritariamente la privación de libertad", dice el documento, al que tuvo acceso El País.

LIBERTADES. Por otro lado, el informe señala que algunos jueces incumplen lo que establece el CNA en cuanto a la sustitución de la sanción privativa de libertad, que puede ser resuelta en cualquier momento del proceso judicial, pero esperan "al cumplimiento efectivo del 50% de la pena para tramitar tal solicitud".

Ese criterio "no se condice con los principios generales del Derecho Penal de Adolescentes, que establece la excepcionabilidad de la privación de libertad y por el menor plazo posible", denuncia el documento.

Asimismo, se señala que cuando los plazos para dictar sentencias vencen en períodos donde el Poder Judicial no está operativo (como en la Feria Judicial o la Semana Santa) muchos jueces ni emiten la resolución ni sustituyen la internación por otra medida cautelar no privativa de libertad.

En otro orden, el informe señala que en los casos judiciales de menores infractores "es necesario el cumplimiento estricto de la ritualidad del proceso en sede judicial, para que el adolescente pueda comprender el alcance de las actuaciones judiciales y el rol que cada uno de los operadores cumple en el proceso".

Al respecto, explica que el CNA estableció que los juicios se desarrollen por audiencia para que "el adolescente participe de forma activa en la misma. La etapa de asesoramiento previo por parte de su abogado defensor es crucial no solo para la preparación de la estrategia defensiva, sino para que el adolescente comprenda la etapa procesal que se avecina".

Abogados. Por otro lado, el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, cuestiona que los abogados defensores (en su mayoría de Oficio) de los adolescentes infractores, no ejercen cabalmente su función, al no rebatir los argumentos planteados por los fiscales en sus acusaciones.

En tal sentido, el informe indica que, según estadísticas del Poder Judicial, en 2008 en Montevideo hubo un 82,5% de "allanamientos" de los defensores, lo que jurídicamente implica que los abogados no replicaron el dictamen de la Fiscalía alegando la inocencia del joven.

Además, en departamentos del interior del país, los "allanamientos" de los defensores son todavía más numerosos. Por ejemplo, en 2008, en la ciudad de Melo, esa situación se registró en el 100% de los casos, según el documento.

El informe aclara que la única excepción es el departamento de Paysandú, donde todas las acusaciones fiscales fueron contestadas por los abogados defensores.

Controles. Finalmente, el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, plantea que sería importante saber el grado de cumplimiento de la obligación impuesta a los jueces por la Suprema Corte de Justicia de que concurran a los centros de internación para controlar las condiciones de convivencia.

Internación: Jueces aguardan a cumplir el 50% de la pena antes de aplicar otra medida.

El gobierno sigue sin definir quién presidirá el INAU, luego que Leonardo Clausen rechazara asumir el cargo por discrepar con que haya integrantes políticos en el instituto. Se manejan algunos nombres, entre ellos el del ex subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, y el de la ex diputada nacionalista Sandra Echeverry, pero ninguno fue confirmado oficialmente hasta el momento. El actual director Jorge Ferrando seguiría en su cargo, en tanto la actual presidenta Nora Castro pasará a integrar el Codicen. La indecisión está demorando la elaboración del presupuesto del INAU. Ayer la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay y la Asociación Uruguaya de Educación Católica expresaron su preocupación por la lentitud del gobierno en definir este tema e hicieron un llamado "a redoblar esfuerzos para la pronta designación de las autoridades correspondientes a los organismos vinculados a la definición de las políticas de infancia y adolescencia".