El Ministerio de Ambiente (MA) concedió este mes la Autorización Ambiental Previa (AAP) al consorcio privado para la instalación del Proyecto Arazatí, que implica la construcción de una nueva planta potabilizadora que tomaría agua bruta del Río de la Plata con el objetivo de reforzar el abastecimiento de la zona metropolitana.

La cartera encabezada por el colorado Robert Bouvier tiene previsto comunicar este avance en una conferencia de prensa sobre las 14.00 horas de este lunes en la sede ministerial de Juncal 1385.

En la resolución ministerial, del 6 de diciembre, a la que accedió El País, se concede la AAP al Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil), un paso necesario para el comienzo de las obras, previa firma del contrato de OSE con los privados, algo que aún no está definido, sobre todo por las dudas del gobierno entrante encabezado por Yamandú Orsi.

La AAP estará sujeta al "estricto cumplimiento" de una serie de compromisos. Por un lado, el proyecto deberá construirse y operarse "de acuerdo a los documentos presentados para obtener el permiso ambiental, y los titulares deberán informar por escrito y con antelación el comienzo de obras.

"No se podrá captar agua del Río de la Plata para su uso en la planta potabilizadora, ni para la alimentación de la reserva para agua bruta, en períodos en los que la concentración de cloruros en agua del Río de la Plata en el sitio de toma supere el valor de 125 mg/L, o lo que resulte su equivalente expresado en unidades de conductividad (...)", y también controlar los bromatos, añade la resolución.

Además, se deberán controlar los trihalometanos de la estación del recalque Melilla y la biomasa de la estación de bombeo de agua bruta.

Las empresas serán responsables de una adecuada gestión ambiental del proyecto (construcción, operación y abandono), sin perjuicio de que estas puedan ser ejecutadas por terceros. La resolución, además, quedará "sin efecto" si no se inician las actividades de construcción dentro del plazo de dos años.

A su vez, previo a cualquier movimiento de tierra se deberán hacer "sondeos sub-superficiales de un metro por un metro de superficie y hasta el nivel inferior que resulte pertinente, con el objetivo de evaluar la potencial presencia de restos arqueológicos" en los padrones 18.896, 18.883 y terrazas aluviales de los arroyos San Gregorio y Mauricio.

Otro aspecto refiere a un acondicionamiento del camino Voulminot, que tendrá un "uso intensivo", y deberá ser mantenido por los titulares del proyecto durante la obra y una vez finalizada se deberá "recomponer" la condición a una situación similar previo al inicio de uso.

"No se podrá iniciar la ejecución de ningún componente de la obra sin aprobación previa", por parte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, previsto en el Plan de Gestión Ambiental de la Construcción (PGA-C) presentado.

La resolución ministerial también indica que los titulares de Arazatí "deberán presentar informes cuatrimestrales de seguimiento de obra, sin perjuicio de otras obligaciones particulares" que surjan. Y están obligados a "facilitar" las actividades de seguimiento de obra.

El plan del consorcio privado deberá incluir un "programa de relacionamiento comunitario, transversal" de cada aspecto, que contenga un "mínimo programa de comunicación y consulta y un mecanismo de gestión de quejas y reclamos".

Entre varios puntos, se marcó que "en la obra del cruce del río Santa Lucía no se podrán ejecutar actividades en agua durante el período setiembre-marzo", entre otras consideraciones a tener en cuenta en esa zona.

Arazatí aportaría 200.000 m³ diarios a la red de Montevideo, Canelones y zonas aledañas. Ese volumen es casi un tercio de la demanda diaria, que se prevé pase de 700.000 m³ a 840.000 m³ en 2045.Por esta obra, OSE pagaría unos US$ 50 millones anuales, por 17,5 años, que sumaría unos US$ 900 millones en total.