CORONAVIRUS

Este miércoles, desde las 8 de la mañana, personas se movilizaron en la puerta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo paraprotestar contra la vacunación contra el covid-19. "¿Dónde hubo transparencia con el contrato de Pfizer? Que empiece a sacar eso a la luz", expresó a El País una de las manifestantes.

"Es contradictorio que digan que la vacuna no es obligatoria y después hay discriminación contra los no vacunados y dicen que somos un peligro los no vacunados. Si somos un peligro, hay que hacer la vacuna obligatoria. Todo es secreto y contradictorio", dijo otra persona.

El Poder Ejecutivo y el laboratorio Pfizer en Uruguay tienen esta mañana una cita con la Justicia, pues el juez subrogante en lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, los convocó para que brindaran toda clase de información relativa a la vacunación contra el covid-19, especialmente la referente a los menores de edad.

Según supo El País, en el Poder Ejecutivo tienen la seguridad de que todos los elementos que expondrá en el juzgado serán incontrastables, aunque en este momento no se tenga plena confianza en la ecuanimidad de Recarey, porque entienden que el magistrado ya dio muestras de tener cierta inclinación a priori en el tema. “Sabemos que es un juez antivacunas”, dijeron.

En el juzgado se presentaron los abogados del Ministerio de Salud Pública (MSP) pero no asistieron ni el ministro Daniel Salinas ni el subsecretario José Luis Satdjian. Según supo El País, Salinas envió por escrito sus respuestas al juez.

En el gobierno está la preocupación por la eventualidad de que Recarey “frene la vacunación a los niños”, especialmente la de aquellos que tienen “comorbilidades”, pese que hasta el momento los menores que tienen entre cinco y 11 años constituyen la franja etaria de la sociedad que presentó la menor adhesión a la inoculación.

Desde la Suprema Corte de Justicia, en tanto, señalaron a El País que para que el juez tome esa decisión tiene que demostrarse con pruebas científicas que verdaderamente los niños están ante un “riesgo” para su salud, en cuyo caso el gobierno no tendría otra opción que acatar la resolución.