Salud sexual: rigen las nuevas prestaciones

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Desde el 1° de enero comenzó a regir para todas las mutualistas y los hospitales de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la obligación de brindar distintos métodos anticonceptivos a los usuarios que lo soliciten.

Según el decreto del Poder Ejecutivo, los centros asistenciales deberán facilitar pastillas anticonceptivas oral hormonal combinadas monofásicas, anticonceptivo oral combinado trifásico y anticonceptivo oral hormonal de emergencia para las mujeres que lo requieran. En tanto, para los hombres existe la obligación de otorgar preservativos.

Además, desde este año se incluye la posibilidad de que los hombres y mujeres que lo deseen puedan acceder de forma gratuita a una vasectomía o ligadura de trompas como método anticonceptivo. Estas cirugías deben ser indicadas por el médico tratante.

Las nuevas prestaciones, largamente anunciadas y que ahora ya tienen carácter formal, se enmarcan en lo dispuesto por la Ley Nº 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.

Si bien en principio hubo desde instituciones mutuales católicas cierto rechazo a implementar esta norma, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, afirmó a El País que no han recibido ningún planteo formal desde esas mutualistas.

Acceso. Para acceder a las pastillas cada usuaria podrá solicitar, en forma anual, una cuponera que contendrá trece vales por anticonceptivos oral hormonales y otro que contenga tres órdenes por anticonceptivos orales de emergencia (llamada "la píldora del día después"). En el caso de los hombres pueden acceder a una cuponera que contenga doce vales por 15 condones cada uno.

Los vales tendrán el costo de una tasa moderadora (tique) que no podrá exceder los $ 22 para el caso de anticonceptivos orales, y de $ 8 para condones masculinos. Este es el valor base que no incluye timbre profesional ni impuestos. Los vales serán entregados a los usuarios por el médico ginecólogo o el médico general de referencia.

Aborto. Estas prestaciones se brindarán junto a otros servicios de salud sexual y reproductiva que los centros asistenciales públicos y privados están obligados a asumir. Entre ellos el asesoramiento en casos de embarazos no deseados, algo que incluso fue impugnado por la Iglesia Católica, pero que no ha tenido más derivaciones. Gallo señaló que tampoco han recibido negativas de las mutualistas católicas a brindar esta prestación.

La intención de las autoridades es proteger a la mujer y defender su derecho a estar informada y evitar así complicaciones por abortos provocados.

Las mutualistas y hospitales públicos deberán instalar policlínicas para brindar a sus usuarios un servicio integral sobre salud sexual y reproductiva.

Estos servicios deberán contar con un ginecólogo, una partera y una asistente social que trabajarán en todos los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva: desde la anticoncepción, asesoramientos en casos de embarazos no deseados, hasta la sexualidad placentera.

En este contexto, los centros asistenciales están obligados a brindar pastillas anticonceptivas y preservativos a quienes lo soliciten al precio de un tique o tasa moderadora común.

También deberán prestar en forma gratuita el servicio de operaciones de vasectomía en el caso de los hombres y de ligadura de trompas en las mujeres como método anticonceptivo.

Estos servicios integrales de salud sexual y reproductiva también deberán facilitar sin costo para las usuarias la colocación del método anticonceptivo DIU.

Las usuarias podrán acceder a información, contención y asesoramientos en casos de embarazos no deseados y violencia sexual.