En los corredores de la Torre Ejecutiva y de varios ministerios se escuchan quejas. Según confió una fuente del gobierno a El País, la confección del Presupuesto Quinquenal permitió poner en negro sobre blanco lo que llaman la "herencia" de José Mujica, a lo que se suma desde marzo a la fecha la detonación de "granadas" de bajo, mediano y largo alcance que van desde la legalización del cannabis o la adjudicación de la TV Digital al "escrache" público e internacional que significa la situación de los sirios refugiados exigiendo ser devueltos a Líbano y el incierto futuro de una obra millonaria como la regasificadora.

"Buena parte del Presupuesto está destinada a arreglar macanas. Y buena parte de lo que falta en el Presupuesto es por culpa de esas macanas", se explicó a El País.

Los actuales integrantes del gobierno consultados suelen mencionar los grandes proyectos de sus antecesores que nunca prosperaron o debieron modificarse por estar mal implementados. Y la lista es larga: la legalización de la marihuana, el Fondes y dentro de él Alas Uruguay, el cuantioso déficit de las empresas públicas y el Antel Arena, la adjudicación de la televisión digital, Aratirí y el Puerto de Aguas Profundas, la reestructura de AFE, el Plan Juntos, la ley de Medios, etc.

En el caso del Puerto de Aguas Profundas en Rocha, anunciado en su momento como el gran emprendimiento para el país, Vázquez ordenó la conformación de una comisión para encaminarlo. La primera y única reunión fue hace dos meses y asistieron representantes de los ministerios de Transporte, Economía, Defensa a través de la Armada y la Administración Nacional de Puertos. A los participantes les quedó claro que los anuncios de Mujica nunca pasaron de un "embrión" de proyecto que nadie sabe cómo se financiará.

No obstante, el fracaso de la regasificadora que se propusieron Ancap y UTE es considerado uno de los peores golpes sufridos por el gobierno en sus seis meses de gestión. La rescisión del contrato con GNLS —consorcio conformado por GDF Suez y Marubeni para llevar a cabo la planta regasificadora— deja en suspenso la obra y si bien el mensaje presupuestal asegura que habrá una nueva licitación, se considera en el gobierno que el proceso fue muy mal encaminado desde el comienzo. La obra estuvo parada durante meses y su futuro es incierto, mientras el Estado desembolsó US$ 50 millones para construir el gasoducto y se endeudó en US$ 80 millones para dragar un canal de entrada a Puntas de Sayago.

Para las fuentes, el fracaso de la regasificadora no solo compromete la asignación de recursos en Ancap sino que afecta todo lo programado en materia de matriz energética.

Los cuestionamientos a la anterior gestión no pasan solo por lo económico. En momentos en que el exministro de Desarrollo Social asesora al Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt e instala un incómodo debate hacia la interna del gobierno en reclamo de más impuestos, las fuentes oficiales recordaron cómo su incumplida reforma condiciona la gestión de la actual ministra Marina Arismendi. Según se indicó, la ministra se ha quejado por los problemas de gestión que le genera la dependencia hacia las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), producto de una reestructura que Olesker se comprometió a desplegar sin mayor éxito.

Del Mides dependen 1783 trabajadores de los cuales solamente 396 son funcionarios públicos, 41 son becarios y 966 se vinculan a través de decenas de ONG. Según se explicó, esta situación provoca una enorme dependencia dado que el desarrollo y control de los planes sociales está en manos "tercerizadas" sobre las que el Ministerio no puede ejercer la debida supervisión. Tampoco hay recursos para presupuestar a esos funcionarios, por lo que en el horizonte cercano la situación no cambiará sustancialmente.

Los condicionamientos también alcanzan aspectos menores de la administración pero que, para las fuentes, sirven de ejemplo. "Y en Anchorena también", reflexionó la fuente consultada.

El artículo 15 de la ley de Presupuesto propone modificar el Tocaf —la Biblia para la administración pública— para que, por razones de "buena administración", se realice en forma directa, sin importar el monto, la "compra o venta de insumos y productos vinculados al funcionamiento de las Unidades Productivas y de Bosques y Parques del Establecimiento Presidencial de Anchorena". El administrador de Anchorena podrá saltear todo procedimiento competitivo para dirigir el establecimiento con fondos públicos. Según las fuentes del gobierno, esto se debe a la necesidad de poner "rápidamente" la casa en orden.

No obstante, el desorden en Anchorena es previo a Mujica. En 2012 la Auditoría Interna de la Nación detectó graves problemas en el manejo de la contabilidad. Entre 2013 y 2014 se hicieron ajustes para acatar las recomendaciones de la Auditoría. "Pero no ha sido suficiente", indicaron las fuentes.

Jerarcas afirman que los problemas heredados condicionan la gestión