Quebrada de los Cuervos tiene un plan de manejo por acuerdo

1/1:  20111001 783x600 ()

TREINTA Y TRES | MARCO RIVERO

Primó la postura de la Intendencia de Treinta y Tres, que logró reducir el área de amortiguación del paisaje protegido, para que pudieran radicarse en la zona importantes inversiones en calizas y forestación.

"Esto es todo un avance, ¿no? ¡Nuestro primer plan de manejo!", celebró la ministra Graciela Muslera luego de estampar su firma en el decreto durante la celebración de los tres años de la incorporación de la Quebrada de los Cuervos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Luego de una rápida recorrida guiada hasta el mirador, cuando ya la lluvia comenzaba, Muslera ratificó la propuesta de plan que presentaron la Intendencia de Treinta y Tres, en su carácter de administrador del área, y los miembros de la Comisión Asesora Específica (CAE).

El plan de manejo define qué actividades se pueden realizar, cuáles se deben promover y cuáles limitar dentro del área protegida, así como métodos de actuación con respecto a especies invasoras, tanto de flora - a modo de ejemplo, pinos y eucaliptos son un problema en este momento-, como de fauna -el jabalí se ha constituido en el principal enemigo de la fauna local-, así como de prevención de incendios.

El alcance de este plan de manejo no se limita específicamente al área protegida (4.413 hectáreas), sino que también define parámetros para las actividades a desarrollar en el área adyacente, delimitada en "la microcuenca del arroyo Yerbal chico", según describe el documento del SNAP.

Esto suma unas 2.000 hectáreas más en las que, si bien tienen un nivel menor de protección, de todas formas está limitada la posibilidad de concretar emprendimientos industriales.

A esta delimitación se llegó por acuerdo, luego de una prolongada pulseada entre la Intendencia y el Ministerio: la intención inicial del SNAP era definir una zona de amortiguación de unas 40 mil hectáreas, que con sus restricciones hubiera limitado las posibilidades de radicar emprendimientos industriales como el anunciado por las empresas Votorantim, Ancap y Molins, así como de emprendimientos forestales.

El Intendente Dardo Sánchez, en su discurso reconoció la actitud de la Secretaría de Estado al acceder a la propuesta elevada por la Comuna.

"Treinta y Tres tiene un alto índice de desocupación en este momento. En la región existen las reservas más importantes de los calcáreos del país y además tenemos conciencia que también hay vastas áreas de producción nacional que se encuentran insertos en esta zona. La resolución ministerial nos ayuda a que en la zona coexistan estas dos cosas, el área protegida y las industrias", indicó Sánchez.

VECINOS. En la Quebrada de los Cuervos además del área que desde hace años administra la Intendencia hay una superficie en manos del Ejército y también otras de las que son propietarios la familia Demichelli y la empresa foresto-industrial Weyerhaeuser.

Los vecinos han señalado dificultades en el funcionamiento del área, que atribuyen a los cambios de administración -tanto en el gobierno nacional como en el departamental-, pero sostienen que siempre se han contemplado los espacios previstos para la participación de los demás propietarios en la toma de decisiones.

El productor Alberto Demichelli, que participa en la CAE representando a los vecinos, señala como un factor positivo la creación del área.

"Soy un ganadero y hay actividades que (sin la protección del área) vendrían a la zona que no me convencen, porque sacan a los ganaderos: la forestación es una, desplaza mucho campo, la minería es otra, son invasivas para nuestra forma de vida y el área protegida es como un paraguas, porque está dispuesto que una de las cosas que hay que preservar son los hábitos de vida de la gente local, sostuvo el hacendado.

Para Demichelli es natural que haya una contraposición de visiones entre la Intendencia y el Ministerio, acerca de las actividades en la zona adyacente.

"Cada uno de esos actores tiene un rol que jugar para la sociedad, uno para el desarrollo y el otro para la conservación. Hay gente que les pagamos para que cuiden el medio ambiente, que son los de la Dinama, la Intendencia tiene que desarrollar el departamento, está bueno que se pongan en la misma mesa, que estemos los vecinos también", concluyó el representante de los vecinos del área protegida. Pero no todas han sido flores para los vecinos.

"GOLEADA". "Vamos perdiendo como cinco a cero. El jabalí es dueño ya de la zona. Ha barrido las majadas, es difícil sacarlo", asegura Alberto Demichelli quien adjudica por esto buena parte de la responsabilidad "a errores de manejo" que se han cometido desde hace años.

"Se tomaron medidas sin tener los presupuestos para después afrontar los problemas que esas medidas provocaron. Aquí hace 14 años se retiró la ganadería de este predio y se hizo lo que nosotros le llamamos `mugrero`, se vino una vegetación descontrolada, un riesgo de incendio enorme en verano, estos cerros se secan mucho", relató el productor.

El propietario del predio ubicado arroyo por medio del campo de la Intendencia (y por ende el que siempre sale en las fotos), afirma que "no había presupuesto para el resto de las medidas. Sacar la ganadería es muy barato, pero se vino toda esta flora amarilla, el jabalí, pinos y eucaliptos están brotando por todos lados".

Cabe recordar que el jabalí ha sido declarado como plaga nacional, al igual que otro reducido número de especies, y su caza está autorizada bajo condiciones legales.

Al cabo de estos tres años, a la Quebrada de los Cuervos se le han sumado: el Parque Nacional Esteros de Farrapos (en Río negro), el Paisaje Protegido del Valle del Lunarejo (en Rivera), el Parque Nacional Cabo Polonio, el Parque Nacional San Miguel, el Paisaje Protegido Laguna de Rocha, las Áreas de Manejo de Hábitat y Especies de Cerro Verde e Islas de La Coronilla (todas en Rocha) y el Paisaje Protegido Localidad Rupestre de Chamangá (en Flores).

Hay otras cuatro áreas transitando el proceso de ingreso: los Humedales del Santa Lucía (compartida entre Canelones, Montevideo y San José), Laureles-Cañas (en Tacuarembó y Rivera), Montes del Queguay (en Paysandú) e Isla de Flores (frente a Montevideo y Canelones). El proceso de incorporación es complejo y requiere, además de estudios técnicos generalmente encargados a investigadores de la Universidad de la República, de audiencias públicas en las que los vecinos y organizaciones pueden participar.